La reciente decisión del gobierno argentino de privatizar AySA, la empresa estatal encargada de proporcionar agua y servicios de saneamiento a millones de personas en Buenos Aires, ha generado una mezcla de expectativas y preocupaciones. ¿Realmente esta privatización resolverá los problemas históricos de la compañía o solo trasladará la carga a otro actor sin garantizar mejoras significativas?
El panorama financiero de AySA
AySA, que atiende a aproximadamente 11.2 millones de personas, ha vivido en carne propia serias dificultades económicas a lo largo de los años. Desde su renacionalización en 2006, la empresa ha requerido contribuciones del Tesoro nacional que ascienden a unos 13.4 mil millones de dólares. Este dato no es menor, ya que refleja la carga financiera que el Estado ha asumido para mantener su operación. Aunque, por primera vez desde 2007, logró un superávit en 2024, la sostenibilidad a largo plazo sigue siendo un gran interrogante.
La privatización, según el portavoz presidencial Manuel Adorni, busca modernizar el sector y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio. Sin embargo, surge una pregunta crítica: ¿la llegada de capital privado realmente traducirá estas promesas en resultados tangibles? La experiencia nos dice que, frecuentemente, los intereses de los inversores no se alinean con las necesidades de la población.
Lecciones de privatizaciones pasadas
La historia de AySA no es un caso aislado. En muchos escenarios, la privatización de servicios esenciales ha resultado en un aumento de tarifas y una disminución de la calidad del servicio. Un ejemplo notable es la privatización del agua en Bolivia, donde las tarifas se dispararon y la calidad del suministro se deterioró, provocando protestas y un eventual retorno al control público.
La decisión de abrir el capital de AySA a inversores privados, manteniendo el 10% de las acciones en manos de los empleados, podría verse como un intento de mitigar posibles conflictos de interés. Pero, ¿realmente se puede evitar que las empresas privatizadas prioricen la rentabilidad sobre el bienestar social? Esto podría generar un aumento en la tasa de deserción de clientes (churn rate) si los precios se vuelven inaccesibles.
Desafíos para el futuro
Los desafíos son evidentes: ¿cómo garantizar que la privatización de AySA no solo reduzca la carga fiscal del Estado, sino que también mejore la calidad de vida de los ciudadanos? La clave radicará en cómo se estructuren los acuerdos con los nuevos operadores. Será vital establecer métricas claras de rendimiento y asegurar que las tarifas sean accesibles para los usuarios finales.
Asimismo, el impacto en el empleo es un aspecto que no se puede pasar por alto. Aunque el gobierno no ha especificado si habrá despidos, el temor es generalizado entre los trabajadores de AySA. Esta incertidumbre sobre la estabilidad laboral podría influir en la moral de los empleados y, por ende, en la calidad del servicio que se ofrece.
Reflexiones finales
La privatización de AySA es un paso significativo en la agenda económica del presidente Javier Milei. Sin embargo, como he visto en mis años de experiencia en el mundo empresarial, implementar cambios estructurales nunca es sencillo. La clave estará en monitorear de cerca los resultados de esta privatización y estar dispuestos a hacer ajustes si los datos de crecimiento y satisfacción del cliente indican que la dirección tomada no es la correcta.
En última instancia, la sostenibilidad del negocio debe ser el objetivo final. Las lecciones aprendidas de fracasos anteriores en privatizaciones deben guiar a los responsables en la búsqueda de un modelo que beneficie tanto a los ciudadanos como a los inversores, asegurando que el acceso al agua y la calidad del servicio no se conviertan en una mera estadística financiera.
