En su conferencia matutina, la presidenta ofreció una defensa firme del papel de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, subrayando la existencia de un marco jurídico que, según dijo, distingue la actuación actual de episodios pasados. La aparición del trofeo de la FIFA durante la sesión —parte de una gira previa al torneo— aportó un matiz festivo, pero no distrae de los temas centrales: la presencia militar en la vida pública y las repercusiones del reciente operativo contra líderes del crimen organizado.
Al mismo tiempo, en Jalisco se desarrollaron eventos que mantienen la atención nacional: el entierro de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en el panteón Recinto de la Paz y la detención y posterior vinculación a proceso de dos hombres señalados como sus escoltas. Estas noticias confluyen en un mismo debate sobre seguridad, legalidad y el papel del Estado frente a organizaciones criminales.
La argumentación presidencial sobre el uso del ejército
Ante preguntas sobre si se reducirá la participación militar en la vida pública, la mandataria rechazó que su administración haya incurrido en una militarización ilegal y remarcó la diferencia entre el contexto actual y la estrategia del sexenio anterior. Explicó que hoy existe un marco legal que habilita a las fuerzas armadas para colaborar en tareas de seguridad pública, y que esa normativa convierte la intervención en una acción conforme a derecho. La presidenta contrastó además la situación con episodios anteriores en los que, dijo, faltaron bases legales y hubo funcionarios vinculados al crimen organizado.
Distinciones entre institutos y funciones
En su exposición hizo énfasis en que la Guardia Nacional forma parte del Secretariado de la Defensa Nacional en términos administrativos, pero conserva una capacitación distinta orientada a la seguridad pública, no al combate militar convencional. Recalcó que, pese al despliegue de tareas como obra pública, gestión de puertos o vigilancia, la conducción del país corresponde al poder civil: ella, como jefe del Ejecutivo, es la comandante suprema.
Remesas y acusaciones de lavado: la postura del gobierno
Respecto a las remesas que ingresan al país, la presidenta aseguró que no existen indicios en las investigaciones oficiales que vinculen esos flujos con operaciones de lavado de dinero. Señaló que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda no ha encontrado pruebas que apunten a ese vínculo y rechazó que las recientes acusaciones internacionales presenten evidencia suficiente, en alusión a señalamientos contra instituciones financieras que operaban en México.
Contexto y estudios externos
No obstante, organizaciones y estudios independientes han planteado estimaciones distintas: algunos análisis sugieren porcentajes atribuibles a actividades ilícitas sobre el total de remesas enviadas al país. La presidenta invitó a contrastar esas cifras con las indagatorias oficiales y a mantener procesos de control y fiscalización que fortalezcan la transparencia en el sistema financiero.
El sepelio de El Mencho y las consecuencias en Jalisco
El traslado y entierro de los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, estuvo resguardado por un operativo de seguridad que incluyó a la Policía Estatal, la Guardia Nacional y elementos del Ejército. La ceremonia mostró arreglos florales con simbología asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y la custodia buscó evitar incidentes en un entorno marcado por reacciones violentas que acompañaron la muerte del jefe criminal.
Vinculación a proceso de escoltas
En relación con las detenciones derivadas del operativo en Tapalpa, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de dos personas señaladas como escoltas de El Mencho. Los imputados enfrentan cargos relacionados con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y accesorios, y se les impuso prisión preventiva oficiosa mientras se amplía la investigación. Estas medidas judiciales son resultado, según la Fiscalía, de trabajos coordinados de inteligencia y fuerzas federales.
Implicaciones para la seguridad regional
El conjunto de eventos —desde la intervención militar y la defensa gubernamental de su legalidad, hasta el entierro del capo y la judicialización de sus presuntos colaboradores— reaviva preguntas sobre la estrategia que busca contener a los cárteles y sobre la capacidad del Estado para garantizar orden sin lesionarse en términos legales. Analistas y autoridades seguirán observando cómo estas acciones repercuten en la estabilidad local y en la estructura interna de grupos criminales.
