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Recientemente, diversas entidades del sector vitivinícola argentino han expresado su preocupación ante los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno. En particular, se enfocan en la desregulación planteada en la Resolución INV 37, que podría tener consecuencias graves para la trazabilidad del vino, un aspecto crucial para garantizar la calidad y seguridad del producto.
Productores, cooperativas y varias asociaciones del ámbito vitivinícola han dirigido una carta formal al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando la continuidad de dos instrumentos esenciales: la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto a su anexo.
La importancia de la trazabilidad en el vino
La trazabilidad en la industria vitivinícola se refiere a la capacidad de seguir el recorrido de la uva desde el viñedo hasta el consumidor final. Este proceso es vital no solo para asegurar la calidad del producto, sino también para mantener la confianza de los consumidores y cumplir con los estándares internacionales. Los firmantes de la carta consideran que cualquier debilitamiento de los mecanismos de control puede impactar negativamente la percepción del vino argentino en los mercados globales.
Instrumentos de control clave
La Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) es considerada la base del control de la producción primaria en el sector vitivinícola. Este documento certifica, de manera bilateral, el ingreso de la uva al lagar, detallando aspectos como el peso, la variedad y las condiciones de entrega. Su obligatoriedad ha sido fundamental para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, especialmente para los pequeños y medianos productores.
Por otro lado, la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto a su anexo, proporciona continuidad y validación administrativa de los volúmenes producidos y las titularidades correspondientes. Este formulario es esencial para identificar correctamente la producción de terceros, evitando conflictos y fortaleciendo la transparencia en la cadena de valor.
Reacciones ante la desregulación
Ante la anunciada reforma del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el derogado digesto normativo que elimina numerosas regulaciones, las entidades del sector han manifestado su rechazo y preocupación. En su carta, los firmantes enfatizan su apoyo a cualquier reforma que busque la eficacia, la desburocratización y la simplificación en los controles, siempre que estas modificaciones no comprometan la calidad del vino ni los derechos de los productores.
El sistema implementado por el INV ha sido perfeccionado a lo largo del tiempo y es visto como un pilar fundamental para asegurar tanto la calidad del vino como la seguridad jurídica de los productores. La eliminación de los formularios CIU y CEC 05 podría fragmentar la trazabilidad y generar incertidumbre en un sector que depende de la confianza y la calidad para operar eficazmente.
Un llamado a la acción
La misiva, respaldada por un amplio número de representantes del sector, subraya la necesidad imperiosa de mantener los instrumentos de control para asegurar la trazabilidad del vino. La cancelación de estos documentos no solo afectaría a los productores, sino que también podría repercutir en la percepción del vino argentino en mercados internacionales, poniendo en riesgo una de las industrias más emblemáticas del país.
La solicitud de las entidades vitivinícolas es clara: el Gobierno debe garantizar la continuidad del CIU y del CEC 05 para preservar la trazabilidad integral del vino argentino. A través de la protección de estos instrumentos, se busca asegurar la calidad y la integridad de un producto que representa no solo una tradición, sino también un importante recurso económico para Argentina.
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