El Ejecutivo nacional está evaluando trasladar la Subsecretaría de Derechos Humanos que funciona en la ex ESMA a otro inmueble en la ciudad de Buenos Aires, según informaciones periodísticas. La posible mudanza se conecta con las conmemoraciones por el 50 aniversario del golpe de 1976 y ha despertado inquietud entre organismos de memoria, sectores judiciales y organizaciones sociales.
La alternativa señalada es el edificio ubicado en Cochabamba 54, antiguas dependencias del disuelto Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Ese inmueble quedó vacío cuando la cartera fue suprimida por el gobierno actual y su destino efectivo ya pasó por diversas instancias administrativas.
Motivos y contexto político
En la narrativa oficial, la gestión plantea una mirada distinta sobre las políticas de memoria aplicadas tras la dictadura. Bajo la idea de una «memoria completa», el Gobierno propone incluir otras víctimas de la violencia política, como integrantes de organizaciones armadas previas a 1976. Este replanteo ha quedado reflejado en mensajes institucionales difundidos en los últimos años y en declaraciones de funcionarios próximos a la Casa Rosada.
Al mismo tiempo, la Subsecretaría fue degradada a un nivel inferior dentro de la estructura estatal y sufrió reducción de personal: fuentes oficiales estiman una merma de alrededor del 40% del plantel por despidos y no renovación de contratos. Esas modificaciones administrativas alimentan la polémica sobre la intención real detrás del eventual traslado.
Logística del traslado y actores involucrados
Según reportes, la mudanza podría concretarse antes o después de las actividades por el aniversario, aunque el Gobierno no confirmó oficialmente la decisión. El edificio propuesto, en Cochabamba 54, fue objeto de obras y remodelaciones que en su momento sufrieron interrupciones por informes técnicos que alertaron sobre riesgos para los trabajadores.
La cartera de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, tomó el control administrativo del inmueble tras varias alternativas evaluadas —entre ellas la posibilidad de remate— y admite que la reubicación de la Subsecretaría está en análisis. En los pasillos del poder la operación se trata como un hecho probable, aunque sin una confirmación pública definitiva.
Cambios en la conducción
En diciembre pasado la conducción del área de derechos humanos sufrió un recambio: Joaquín Mogaburu asumió en reemplazo de Alberto Baños, quien ya había planteado la posibilidad de cambiar la sede. Mogaburu, con antecedentes en tribunales federales, es uno de los funcionarios vinculados a la línea que impulsa la nueva visión sobre la memoria histórica.
Impacto simbólico y patrimonio de la memoria
La ex ESMA no es solo un predio de oficinas: en sus 17 hectáreas funcionan el Archivo Nacional para la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA y otros espacios vinculados a la promoción y defensa de los derechos humanos. Mantener o retirar la Subsecretaría del lugar tiene un fuerte componente simbólico, dado el uso del sitio como centro de memoria y juicio a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Fuentes oficiales indican que esos organismos seguirían operando en el predio, pero también se evalúan modificaciones en la oferta museográfica y en el material audiovisual del Museo Sitio de Memoria ESMA, que depende de organismos internacionales y fue inaugurado en 2015. Cualquier alteración en guías o contenidos es observada con atención por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes.
Uso judicial del predio y deterioro de sitios de memoria
Paralelamente, el Gobierno impulsa la instalación de más dependencias judiciales en el complejo: el juez Julián Ercolini autorizó el traslado de expedientes de la UFI-AMIA a instalaciones internas, y el procurador interino Eduardo Casal firmó resoluciones para ocupar otros sectores. Estas decisiones reformulan la presencia estatal en un espacio históricamente destinado a la memoria y la reparación.
Además, el Defensor del Pueblo de la Ciudad publicó informes que advierten sobre el deterioro de varios sitios de memoria, como los ex centros de detención Olimpo, Club Atlético, Virrey Cevallos y Automotores Orletti. Estos reportes acentúan la preocupación por el cuidado del patrimonio y la preservación de la memoria colectiva.
La posible salida de la Subsecretaría de la ex ESMA representa, más allá de un cambio burocrático, una decisión con fuerte carga simbólica. Para quienes promueven las políticas de memoria, la permanencia de la oficina en ese predio fue un gesto de reconocimiento y de compromiso con la búsqueda de verdad y justicia; su traslado sería interpretado como un giro en esa orientación histórica.
Mientras tanto, el debate continúa entre argumentos sobre la reorganización institucional y advertencias sobre el efecto en la memoria pública, con actores estatales, judiciales y de la sociedad civil atentos a los próximos pasos del Ejecutivo.
