El debate público alrededor de la llamada memoria completa ha reaparecido con fuerza en las conmemoraciones del golpe de 1976 y sus consecuencias. Al proponer ampliar el marco temporal para incluir los años previos y las violencias de distintas procedencias, la iniciativa busca aportar contexto; sin embargo, ese mismo intento corre el riesgo de repartir responsabilidades de manera que se relativice la magnitud y la especificidad del crimen estatal. La discusión no es puramente académica: toca procesos judiciales, políticas públicas de búsqueda de desaparecidos y la reparación simbólica de familias que aún esperan respuestas.
En torno a este tema convergen voces diversas: desde historiadores que exigen completitud contextual hasta sectores gubernamentales que promocionan una narrativa alternativa. La tensión surge cuando la ampliación del foco equivale a una minimización del terrorismo de Estado, o cuando se pretende situar en el mismo plano la acción de bandas parapoliciales y la política sistemática de exterminio ejercida desde las estructuras del Estado. No se trata de negar víctimas de otras violencias, sino de mantener en primer plano la responsabilidad estatal y su carácter de crimen de lesa humanidad.
Qué propone la «memoria completa» y qué no debe perderse
La expresión memoria completa busca ampliar la cronología y los actores implicados en la violencia política: incluir los años 1973-1976, las acciones de organizaciones armadas, y las agresiones de grupos como la Triple A. Esa perspectiva aporta datos útiles para entender contextos y causas. Pero la ampliación del relato debe respetar jerarquías morales y legales: cuando el aparato estatal ejerce la desaparición forzada, el secuestro de recién nacidos y la represión masiva, hablamos de un nivel de responsabilidad distinto al de la violencia parapolicial o guerrillera. El desafío es integrar esos hechos sin diluir la centralidad del terrorismo de Estado.
Desigualdad en escala y en naturaleza de la violencia
Comparar cifras y prácticas lo evidencia: antes del golpe hubo enfrentamientos y asesinatos políticos, pero las fuerzas parapoliciales como la Triple A y los grupos guerrilleros no contaban con la logística, el presupuesto ni el entramado institucional que despliega un Estado cuando decide eliminar opositores. La conversión de la máquina estatal en instrumento de represión multiplica el daño: desapariciones, centros clandestinos, y un plan que buscó hacer desaparecer cuerpos y silenciar a una generación. Esa desproporción —tanto cuantitativa como cualitativa— debe dominar cualquier narrativa pública sobre la época.
Triple A y el período 1973-1976
El lapso 1973-1976 registró la actuación violenta de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que dejó cientos de muertos y desaparecidos. Reconocer esos hechos es imprescindible para comprender la escalada. Pero el paso posterior, cuando las fuerzas armadas conquistaron el monopolio del uso de la fuerza, transformó la represión en política de Estado. Esta diferencia es clave para que la memoria no sea un instrumento de equivalencias que escondan el plan sistemático de exterminio y el papel de la cúpula militar en la cadena de mando.
Respuestas políticas, símbolos y casos concretos
La reacción social y política ante la propuesta de memoria completa ha sido variada: marchas, testimonios de historiadores como Camila Perochena y Felipe Pigna, y manifestaciones que comparan a figuras actuales con el pasado autoritario. En el plano gubernamental, algunos funcionarios han pronunciado frases que parecen contradecir la minimización del pasado: por ejemplo, el uso del lema «Nunca más» en discursos oficiales; en paralelo, entrevistas públicas muestran que el presidente Javier Milei calificó a Jorge Videla como «un dictador sanguinario» en un diálogo con Jon Lee Anderson, lo que complica lecturas simplistas.
Exhumaciones y memoria viva
La búsqueda de restos y la restitución de identidades son hechos concretos que recuerdan la urgencia del tema. La localización de víctimas en lugares como el Pozo de Vargas y la entrega de restos a familias (por ejemplo, la ceremonia del 5 de marzo de 2026 en Tucumán) muestran que la memoria no es solo un relato sino una tarea en curso. Casos como el de Miriam Fernández y los 140 nietos recuperados ilustran los límites emocionales y complejos de la reparación: reconocimientos que sanan pero no borran la desigualdad inicial entre víctimas y victimarios.
En definitiva, impulsar una memoria más amplia puede enriquecer la comprensión histórica siempre que adopte una regla básica: la prioridad del terrorismo de Estado en la agenda pública. No se trata de silenciar otros sufrimientos, sino de situar el crimen estatal como eje central por su escala, su planificación y sus consecuencias intergeneracionales. Solo así la promesa de una «memoria completa» será coherente con la defensa de la democracia, la justicia y la dignidad de las víctimas.
