El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto otorgó una adjudicación por $114.044.133 (IVA incluido) a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en idioma inglés de su personal. La entidad adjudicataria está dirigida desde al menos 2026 por María Josefina Rouillet, que es la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La noticia desencadenó cuestionamientos públicos y la presentación de una denuncia penal que pone el foco en la publicidad del vínculo y el cumplimiento de normas de transparencia.
El contrato, formalizado mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE y registrado en el expediente EX-2026-132767865-APN-DCYC#MRE publicado en COMPR.AR, tiene una duración de nueve meses con opción a prórroga por otro período igual. El programa previsto alcanza a 132 diplomáticos y empleados del Ministerio e incluye 594 horas presenciales entre marzo y noviembre, bibliografía original y certificaciones internacionales.
Detalles financieros y alcance del servicio
Según el pliego, el monto total cubre tanto la enseñanza como los materiales y servicios complementarios: hasta 80 pruebas de nivelación, plataformas digitales de apoyo, seguimiento de avance, certificación internacional y la entrega de libros de editoriales como Oxford y Cambridge. La adjudicación señala un costo horario equivalente a 191.993 pesos y contempla la posibilidad de un anticipo de hasta el 40% del contrato, con el saldo abonado en dos cuotas vinculadas a exámenes intermedios y finales.
Vínculo familiar y procedimientos de integridad
Al analizar la declaración jurada de intereses requerida por el Decreto 202/2017, la Oficina Anticorrupción (OA) determinó un «vínculo positivo» de carácter familiar (matrimonio) entre la directora ejecutiva de la AACI y el ministro Sturzenegger. Ante ello, la Dirección de Compras y Contrataciones comunicó la situación a la OA y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y se suscribió un Pacto de Integridad para reforzar las medidas de transparencia en la contratación.
Antecedentes y modalidades
La AACI ya había prestado servicios al Ministerio en 2026 mediante una orden de compra por $55.388.180 vigente del 20 de marzo al 20 de diciembre de 2026. En ese expediente anterior no consta publicado el pacto de integridad al que ahora se hizo referencia, lo que fue utilizado por los denunciantes para pedir que se verifique si debió actualizarse la declaración de intereses y su difusión pública.
La denuncia penal y reacciones políticas
Una presentación penal ante la Cámara Federal Criminal y Correccional cuestiona la falta de publicación en el portal de la OA de la documentación exigida por el Decreto 202/2017. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes solicitaron ser reconocidos como parte del grupo anti‑corrupción Reset Republicano, sostienen que la ausencia de registro en la búsqueda pública al 15 de febrero de 2026 podría configurar incumplimientos y delitos como negociación incompatible y violación de deberes de funcionarios públicos.
Posturas oficiales y críticas
El canciller Pablo Quirno rechazó las acusaciones en su cuenta en X, afirmando que «no hay absolutamente ninguna irregularidad» y resaltó que la AACI ha trabajado con la Cancillería desde 2018. Fuentes vinculadas a la institución adjudicataria indicaron que las tarifas aplicadas al Estado resultarían inferiores a las de alumnos particulares y que el servicio contempla certificaciones y reemplazos ante ausencias docentes. En la bancada opositora, la senadora Juliana Di Tullio calificó la operación de «rip off» y anunció gestiones para presentar acciones legales.
Operativa del curso y condiciones de prestación
El esquema formativo incluye cinco cursos regulares (Senior 3 a First Certificate) para 110 participantes, talleres para personal diplomático de ISEN en niveles B2 y C1 para 22 agentes, y hasta 80 tests de nivelación. Las clases serán presenciales en la sede de la AACI en Suipacha 1333 (Retiro) entre marzo y noviembre, con jornadas de 10 horas mensuales por curso y talleres especializados de ocho horas mensuales.
La tramitación contó con la intervención de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Mientras el contrato permanece habilitado para su ejecución, la causa judicial y el debate público marcarán el ritmo informativo en torno a este expediente que mezcla capacitación estatal, vinculaciones personales y exigencias de transparencia.
