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La situación de Pedro Castillo en el juicio
Pedro Castillo, el ex-presidente de Perú, ha estado en el centro de la atención mediática tras su hospitalización reciente. A sus 55 años, Castillo se encuentra en medio de un juicio por un intento de golpe de Estado que ocurrió en diciembre de 2022. Durante este proceso, el ex-presidente ha estado en huelga de hambre desde el 10 de octubre, protestando contra lo que él considera un juicio injusto. Su estado de salud se deterioró, lo que llevó a su traslado al hospital Vitarte, el más cercano a la prisión donde ha estado detenido desde hace casi un año.
Las implicaciones legales y la respuesta del tribunal
El tribunal que está juzgando a Castillo ha decidido continuar con la audiencia a pesar de su hospitalización. La jueza Norma Carbajal informó que, aunque Castillo fue llevado al hospital debido a una descompensación, su estado es estable. Esto ha generado un debate sobre la ética del juicio y la condición de salud del ex-presidente. Castillo enfrenta serias acusaciones, incluyendo la de rebeldía y perturbación del orden público, con una posible condena de hasta 34 años de prisión. Su abogado, Walter Ayala, ha argumentado que la huelga de hambre es un acto pacífico para llamar la atención sobre su situación, que considera injusta y arbitraria.
El contexto político y social en Perú
La situación de Castillo no solo refleja su lucha personal, sino que también pone de relieve la inestabilidad política en Perú. Desde su intento de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente, el país ha estado sumido en una crisis política. Castillo, junto a sus ex-ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, son acusados de ser coautores del golpe de Estado de 2022. La respuesta de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil ha sido crucial en este contexto, ya que muchos consideran que el ex-presidente no actuó solo, sino que fue parte de un sistema más amplio de corrupción y abuso de poder.
La huelga de hambre de Castillo ha captado la atención no solo de los medios, sino también de organizaciones de derechos humanos que están observando de cerca su tratamiento y las condiciones de su detención. A medida que el juicio avanza, la presión sobre el sistema judicial peruano aumenta, y muchos se preguntan si se garantizará un juicio justo en medio de un clima tan polarizado.
