La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una convocatoria a un paro general de 24 horas para el jueves 19 de febrero, coincidiendo con el debate del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. La huelga pretende concentrar la presión social y sindical en la jornada en la que se espera que los legisladores discutan el paquete impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La medida, anunciada tras la reunión del consejo ejecutivo de la central obrera, apunta a afectar con especial intensidad al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde millones de usuarios dependen diariamente del transporte público. La CGT anticipó adhesión masiva y pidió a todas las organizaciones sindicales «total acatamiento», aunque respetó la libertad de acción de cada gremio.
Alcance y sectores alcanzados
La huelga prevé un fuerte impacto en las redes de movilidad: los sindicatos ferroviarios y de subterráneos confirmaron paros que dejarán sin servicio a numerosas líneas. En particular, la participación de gremios como la Unión Ferroviaria y La Fraternidad paralizaría los trenes metropolitanos, mientras que los trabajadores del Subte anunciaron el cese total de las líneas y del Premetro. Además, sindicatos aeronáuticos y de tripulación advirtieron sobre cancelaciones y demoras en los principales aeropuertos.
Transporte urbano y gravedad del impacto
Si bien algunos sindicatos del transporte decidieron modalidades propias, fuentes gremiales señalaron que la adhesión de sectores claves podría traducirse en una paralización casi total del servicio. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y otras agrupaciones históricas han mostrado posturas disímiles en jornadas anteriores; no obstante, para esta convocatoria las organizaciones que nuclean a pilotos, aeronavegantes y trabajadores portuarios se sumaron, lo que incrementa las posibilidades de interrupciones severas en vuelos, puertos y astilleros.
Motivos del rechazo y puntos críticos del proyecto
La central sindical calificó la iniciativa oficial como regresiva y aseguró que reduce conquistas históricas. Entre los artículos más cuestionados figura una modificación a las licencias por enfermedad que, según los gremios, permitiría pagar salarios reducidos durante bajas médicas. Otros cambios denunciados incluyen la reducción de indemnizaciones, la posibilidad de rescindir contratos con compensaciones menores y la extensión de la jornada laboral potencial hasta las 12 horas.
Argumentos del gobierno y respuesta sindical
La administración sostiene que las reformas facilitarán la formalización del empleo y dinamizarán las contrataciones al aliviar cargas impositivas y regulatorias para las empresas. En contraste, la CGT advierte sobre la pérdida de derechos y anuncia acciones judiciales si el texto se promulga, al considerar que algunas disposiciones contravienen protecciones constitucionales laborales. La tensión se alimenta además de indicadores económicos que, según los sindicatos, muestran cierre de empresas y pérdida de puestos desde la asunción del gobierno en diciembre de .
Contexto parlamentario y calendario
El proyecto ya obtuvo la aprobación del Senado, por lo que el debate en Diputados adquiere carácter definitorio. El gobierno pretende que la sanción se produzca antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias, previsto para el inicio del ciclo parlamentario, y por ello busca evitar modificaciones que obliguen a un nuevo trámite en la Cámara alta. Voces oficiales han señalado disposición a ajustar reglamentaciones puntuales, especialmente sobre el régimen de licencias médicas, sin alterar el núcleo del texto aprobado por el Senado.
Reacción social y seguridad
En días previos se registraron manifestaciones masivas frente al Congreso, con episodios que derivaron en enfrentamientos y detenciones. Organizaciones sociales, partidos de oposición y sindicatos se sumaron a las protestas pacíficas, aunque en algunos casos la movilización escaló en choques con fuerzas de seguridad. La posibilidad de procesos penales contra manifestantes fue mencionada por autoridades, lo que intensifica la polarización política y social en torno a la iniciativa legislativa.
La jornada del 19 de febrero promete ser un punto de inflexión: la combinación del debate parlamentario y la huelga nacional colocará tanto el contenido de la reforma como la capacidad de movilización sindical en el centro de la escena pública. Mientras el gobierno apuesta a cambios para impulsar el empleo formal, los gremios insisten en que las modificaciones representan un retroceso en derechos laborales y reclaman alternativas que no afecten a los trabajadores.
