En los procesos electorales recientes México registró un fenómeno paradojal: la mayor cantidad de mujeres postuladas y electas en cargos públicos de su historia coincide con un repunte de las agresiones dirigidas a ellas. El triunfo histórico que derivó en la primera presidenta del país, un Congreso paritario y trece entidades gobernadas por mujeres convivió con la elección más violenta registrada para candidatas y funcionarias. Este contraste plantea un desafío central: cómo consolidar la inclusión sin normalizar la violencia que acompaña la exposición política femenina.
Las estadísticas oficiales y los informes institucionales muestran que las agresiones no se limitan al espacio físico: abarcan desde ataques verbales y la destrucción de propaganda hasta la violencia digital, el espionaje y la difusión de material manipulado. El Instituto Nacional Electoral (INE) identifica además la circulación de noticias falsas y mensajes de odio como herramientas para inhibir la participación. Frente a esto, las reformas y protocolos creados en los últimos años han intentado frenar la tendencia, aunque los datos dan cuenta de la magnitud del problema y de vacíos en la respuesta.
Balance cuantitativo: denuncias, víctimas y sancionados
Durante el proceso electoral 2026 el INE recibió 215 quejas formales por violencia política en razón de género, cifra que representa el 42% de las 511 reportadas desde la reforma constitucional de 2026. Las actuaciones identificaron a 157 víctimas, principalmente candidatas a diputaciones federales, senadurías y presidencias municipales, y se ejercieron procedimientos contra 266 probables infractores. El Registro Nacional de Personas Sancionadas por esta conducta pasó a contabilizar 438 inscritos: 360 hombres y 78 mujeres. En ese listado hay 91 ciudadanos comunes, presidentes municipales, regidores, funcionarios locales o federales y 53 periodistas, lo que muestra la diversidad de actores implicados.
Reformas, mecanismos y límites de la protección
En 2019 se aprobó la reforma de paridad total y en 2026 la norma que tipifica la violencia política contra las mujeres en razón de género, incorporando a la Constitución medidas que el INE venía aplicando desde años atrás. Entre las herramientas creadas están acuerdos para la postulación equilibrada a gubernaturas, la promoción de congresos paritarios, el Registro Nacional de Personas Sancionadas, el mecanismo conocido como 8 de 8 que impide candidaturas a personas señaladas por violencia, y monitoreos especializados para la identificación de violencia mediática y en redes sociales. Más recientemente, el INE puso en marcha un modelo integral de atención a víctimas, con componentes de prevención, apoyo psicológico y asesoría jurídica.
Retos operativos y reincidencia
A pesar de estos avances, persisten problemas de implementación. La consejera Claudia Zavala, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del INE, señala que la exposición pública de las mujeres incrementa su vulnerabilidad y que existe un rezago al interior de los partidos. Zavala, que ingresó al INE en 2017 y concluirá su encargo el 4 de abril, advierte la necesidad de perfeccionar protocolos para impedir que sancionados por violencia de género vuelvan a ocupar cargos: hay personas reincidentes que han regresado hasta en diez ocasiones a funciones públicas. Ese fenómeno reduce la eficacia de las sanciones y erosiona la confianza en los mecanismos existentes.
Atención a víctimas y prioridades para el futuro
El programa piloto de atención implementado por el INE en el proceso 2026-2026 arrojó hallazgos relevantes: buena parte de la violencia se origina en municipios, ocurren agresiones dentro de los partidos y algunas mujeres denunciaron en horarios nocturnos, probablemente por miedo. De ese piloto surgió la necesidad de un mecanismo integral que combine prevención, acompañamiento jurídico y atención psicológica, aunque aún está en construcción. Zavala advierte además sobre el riesgo de que ajustes presupuestales previstos en la reforma electoral afecten la continuidad de programas de prevención y atención.
Qué queda por hacer
La experiencia reciente muestra que la paridad ha roto techos, pero también ha dejado en evidencia nuevos frentes de batalla: la violencia simbólica que reproduce estereotipos, la violencia digital que se apoya en herramientas tecnológicas y la violencia al interior de las organizaciones políticas. Consolidar los avances implica no solo mantener las normas vigentes, sino asegurar su aplicación efectiva, blindar los registros sancionadores contra la reincidencia y destinar recursos suficientes para la prevención y la atención. Si se preservan esas líneas de acción, la presencia femenina en la política podrá sostenerse sin que su ejercicio se pague con más violencia.
