El calendario electoral colombiano entra en su fase definitoria con las primarias celebradas el 8 de marzo y la primera vuelta prevista para el 31 de mayo, seguida de una hipotética segunda vuelta el 21 de junio si ningún candidato alcanza más del 50% de los votos. En este escenario figuran perfiles tan distintos como Iván Cepeda por el Pacto Histórico, Abelardo de la Espriella por la extrema derecha y la senadora Paloma Valencia, que consolidó su liderazgo en las primarias del 8 de marzo y sumó como compañero de fórmula a Juan Daniel Oviedo. También compiten ex dirigentes como Roy Barreras, Claudia López y Sergio Fajardo, mientras más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar.
Las encuestas muestran una disputa entre polos ideológicos: la izquierda que aspira a dar continuidad a las políticas actuales y la derecha que propone cambios contundentes, con la centroderecha intentando ocupar el espacio intermedio. En ese contexto la dinámica de opinión pública y la aparición de noticias sobre investigaciones internacionales han añadido un elemento de incertidumbre a la campaña. La combinación de cifras de intención de voto y noticias judiciales ha convertido la contienda en un proceso en el que la percepción pública, además de los programas, puede definir el resultado de la primera vuelta del 31 de mayo.
Investigación internacional y acusaciones
Fuentes periodísticas y documentos consultados por la prensa señalan que la DEA ha incluido al presidente Gustavo Petro en investigaciones que datan desde 2026, y que en algunos registros figura como priority target —una etiqueta que en el argot de la agencia se aplica a objetivos que tendrían un impacto significativo en el comercio de drogas—. Esas pesquisas, según los reportes, exploran supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, maniobras para aprovechar el plan conocido como “paz total” en beneficio de traficantes y denuncias sobre la utilización de redes de seguridad para facilitar el paso de cocaína y fentanilo por puertos colombianos. Las afirmaciones han sido rechazadas por el propio presidente y por la representación diplomática de Colombia en Washington.
Alcance y estado del proceso
En tribunales de Nueva York, fiscales y agentes han interrogado a personas vinculadas al narcotráfico y a fuentes confidenciales, y parte de la investigación se habría concentrado en denuncias sobre ofrecimientos de sobornos para evitar extradiciones desde la cárcel de La Picota. No obstante, fuentes consultadas indican que las pesquisas están en una fase preliminar y que no hay claridad pública sobre si se incriminará al mandatario. Medios como The New York Times y la Associated Press han divulgado estos avances, y las autoridades estadounidenses han mantenido silencio sobre detalles operativos mientras que el Gobierno colombiano ha calificado algunos reportes como no verificados.
Reacciones políticas y contexto interno
La repercusión de estas noticias ha provocado respuestas encontradas en el terreno político: el presidente ha negado rotundamente cualquier relación con redes de narcotráfico y ha acusado a sectores de la derecha de fabricar versiones para afectar su gestión. El entorno oficial sostiene que no hubo aportes de traficantes a la campaña. Al mismo tiempo, figuras del Ejecutivo como el presidente de Ecopetrol han desmentido versiones sobre lavado de fondos vinculados a la presidencia. En paralelo, antecedentes procesales en la familia presidencial —como la acusación contra Nicolás Petro por presuntos aportes irregulares en 2026 y señalamientos sobre negociaciones de su hermano Juan Fernando Petro— intensifican el debate sobre la permeabilidad entre política y crimen.
Efecto en la campaña y memoria histórica
Históricamente la política colombiana ha estado marcada por episodios en los que el narcotráfico influyó en la vida pública, desde la época de Pablo Escobar hasta escándalos de financiación en campañas presidenciales. Esa memoria condiciona la recepción de cualquier noticia sobre vínculos entre dirigentes y redes criminales. Para la contienda de 2026, la investigación internacional añade un factor que puede reforzar narrativas de oposición o, por el contrario, consolidar la base de apoyo del Gobierno si las acusaciones resultan infundadas. Los candidatos aprovechan ese contexto para posicionarse, mientras el electorado evalúa tanto propuestas como credibilidad.
Lo que queda por resolver
Las principales preguntas abiertas son si las pesquisas desembocarán en cargos formales, qué pruebas concretas se presentarán y cómo influirá todo ello en la votación del 31 de mayo y, en su caso, en la eventual segunda vuelta del 21 de junio. Más allá del aspecto judicial, está en juego la percepción internacional y la relación con Estados Unidos, un actor que históricamente ha tenido influencia en asuntos de seguridad y antinarcóticos en Colombia. Con la campaña en curso, los votantes deberán sopesar programas, liderazgo y la veracidad de los señalamientos que, por ahora, permanecen en una fase investigativa.
