La planta de neumáticos FATE en San Fernando (predio ubicado en Almte. Blanco Encalada nro. 3003, Virreyes) concentra una protesta que escaló tras el anuncio de cierre y la desvinculación de alrededor de 920 trabajadores. El conflicto, que tuvo picos de tensión el 18 y 19 de febrero de, derivó en una orden judicial que solicita el desalojo del inmueble; sin embargo, empleados despedidos y referentes sindicales ratifican su permanencia dentro del predio hasta lograr la reapertura de la planta o recibir una solución satisfactoria.
En el marco de la disputa, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y su secretario general, Alejandro Crespo, sostienen que no han recibido la notificación formal de desalojo por parte del juzgado interviniente, aunque la policía se presentó en el lugar en cumplimiento de la orden. Las audiencias por conciliaciones obligatorias se desarrollaron en distintas instancias del Ministerio de Trabajo y la secretaría correspondiente; la empresa estuvo ausente en una de ellas y presente en otra, lo que profundizó la controversia.
Qué dice la orden judicial y cómo reaccionan los trabajadores
El Juzgado de Garantías número 4 emitió una resolución que plantea el lanzamiento y restitución del inmueble a sus titulares, aclarando que la medida no limita el derecho constitucional a manifestarse fuera del predio y que la fuerza pública debe aplicarse «en la medida de lo estrictamente necesario». Aun así, los empleados despedidos anunciaron que sólo abandonarán el lugar si la empresa garantiza la reapertura de la planta y la reincorporación o la compensación adecuada.
Presencia policial y situación dentro del predio
Funcionarios policiales arribaron al predio tras la orden judicial, según reportes de medios. Dentro de la fábrica, algunos trabajadores se manifestaron en los techos, mientras otros permanecen en las instalaciones principales. El SUTNA explicó que la permanencia es una medida para visibilizar la protesta y reclamar por derechos laborales; desde la organización sindical aseguraron que se mantendrán «reclamando por los intereses de los trabajadores» y pusieron en evidencia la tensión entre la exigencia judicial y la demanda social.
Contexto laboral y político alrededor del cierre
El cierre de FATE y la desvinculación masiva ocurrieron en un momento de fuerte debate público sobre la política económica y laboral. Sectores políticos y sindicales interpretan la medida como consecuencia de cambios en la apertura comercial y en el marco de la discusión por la reforma laboral. Diversos actores —desde dirigentes de izquierda que presentaron proyectos en repudio hasta voces libertarias que atribuyen intencionalidad política— manifestaron sus posiciones públicamente entre el 18 y 19 de febrero de.
Reacciones públicas y discursos
En las últimas horas se registraron pronunciamientos de figuras públicas: el diputado y referentes del Partido Obrero presentaron un proyecto que cuestiona el cierre como «intempestivo e ilegal» y pidió la reapertura inmediata y la reincorporación de los trabajadores. Por su parte, representantes del Gobierno y dirigentes afines criticaron al empresario Javier Madanes Quintanilla, propietario de la compañía, y se cruzaron manifestaciones de sectores empresariales que denunciaron bloqueos sindicales y señalaron riesgos para la inversión. Todo esto alimentó la polarización alrededor del caso.
Negociación, conciliaciones y próximos pasos
Ante la escalada, hay al menos dos instancias de conciliación obligatoria en curso que buscan una salida por la vía administrativa y laboral. El sindicato reclama que la empresa acate las medidas y ponga en funcionamiento la planta; la compañía, por su parte, enfrenta presiones legales y mediáticas. Mientras tanto, los trabajadores mantienen la ocupación como forma de protesta y para garantizar que su reclamo siga en la agenda pública.
El desenlace dependerá de la interacción entre la decisión judicial, la actuación de la fuerza pública, las audiencias laborales y la voluntad de las partes para negociar. En el corto plazo, la atención está puesta en la posibilidad de un desalojo efectivo y en si la firmeza de la protesta sindical logrará condicionar la posición empresarial o generará sanciones penales o civiles para quienes ocupan el predio.
En síntesis, el caso FATE combina una cuestión laboral, una discusión económica más amplia y una fuerte exposición política: la orden de desalojo del 19/02/marca un punto crítico, pero la resolución final dependerá tanto de gestiones judiciales como de acuerdos entre las partes o intervenciones del Estado para mediar y evitar un conflicto mayor.
