La investigación sobre presuntas actividades de lavado de dinero ha llevado a las autoridades judiciales a realizar operativos en un exclusivo club de Pilar, donde se encuentra implicado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Se sospecha que sus frontmen están actuando como intermediarios en un esquema de financiamiento ilegal.
Según informes de medios locales, las redadas se realizaron en la comunidad cerrada de Ayres Plaza, donde se ubica una propiedad registrada a nombre de Real Central SRL, perteneciente a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Estos individuos han sido señalados como los presuntos representantes de Tapia y, como resultado, se les ha prohibido la salida del país por orden del juez federal Daniel Rafecas.
Las propiedades bajo la lupa
Los investigadores están particularmente interesados en dos terrenos en Ayres Plaza, que actualmente están marcados como en construcción. Se sospecha que en dichos terrenos se han erigido propiedades vinculadas a actividades ilícitas. Una de estas propiedades, que anteriormente perteneció al famoso futbolista Carlos Tevez, es objeto de un intenso escrutinio.
Vínculos con la AFA
La firma que figura como propietaria de la mansión, junto con las acusaciones que apuntan a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, han llevado a la fiscalía a profundizar en la investigación. Se busca desentrañar quiénes son los verdaderos dueños de estas propiedades, ya que hay indicios de que podrían estar conectadas con un esquema de lavado de dinero.
Un informe presentado por la Coalición Cívica alega que Pantano y Conte no poseen los medios financieros necesarios para adquirir propiedades de tal envergadura. Según los documentos, Ana Lucía Conte fue freelancer hasta 2012, y en recibió un Beneficio Familiar de Emergencia. En, se convirtió en pensionada. Por su parte, Luciano Pantano también ha sido catalogado como freelancer y tiene antecedentes de deudas bancarias.
Avances en la investigación
El juez Rafecas ha tomado medidas adicionales en torno a la mansión de Pilar vinculada a los funcionarios de la AFA. Una de sus acciones ha sido solicitar la anulación del secreto fiscal de Malte SRL, una empresa que opera en el sector del transporte escolar y que, en el pasado, fue propietaria de la propiedad en cuestión.
El rol de Malte SRL
Malte SRL ha estado bajo el radar de la justicia, ya que fue contratada en para implementar el sistema de árbitro asistido por video (VAR) de la AFA, un trabajo que le reportó ingresos por valor de 500,000 dólares. La relación de esta empresa con la AFA plantea serias interrogantes sobre la transparencia de los contratos y cómo estos podrían estar conectados a un sistema de corrupción más amplio.
Estos eventos se desarrollan poco después de que la Policía Federal realizara búsquedas en diversas oficinas de la AFA y en más de 15 clubes, en un esfuerzo por desentrañar las conexiones entre la entidad rectora del fútbol argentino y la firma Sur Finanzas, que también está siendo investigada.
La situación continúa evolucionando, con las autoridades comprometidas en seguir la pista de este caso que podría tener repercusiones significativas en el ámbito del fútbol argentino y en la política del país. Los próximos días serán cruciales para entender el alcance total de las implicaciones de esta investigación y las posibles consecuencias legales para los involucrados.
