En una operación que comenzó el 29 de marzo y culminó con el encuentro en la madrugada del 31 de marzo de 2026, tropas de la Sexta División del Ejército localizaron a cinco menores de edad y a una joven de 18 años que permanecían ocultos en la selva de Caquetá para escapar del intento de reclutamiento por parte de las disidencias. Las autoridades habían sido alertadas por la familia luego de que los padres escaparan de un secuestro y solicitaran ayuda urgente desde Peñas Coloradas.
El rescate se planificó inicialmente como una misión humanitaria, pero las condiciones del terreno y la presencia de estructuras armadas obligaron a combinar recursos aéreos y terrestres. Según el comandante de la Sexta División, general Edilberto Cortés, la operación evitó confrontaciones directas y priorizó la seguridad de los menores mediante protocolos de enlace previamente establecidos y el apoyo logístico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Cómo se ejecutó el operativo
La estrategia incluyó una observación aérea con helicópteros seguida de una infiltración controlada de tropas que se mantuvieron a distancia hasta contar con la confirmación de identidad. Un elemento determinante fue la comunicación por celular entre los menores y sus familiares, que permitió coordinar un punto de encuentro sin alertar a los agresores. El Ejército se aproximó a pie hasta quedar a un kilómetro del punto convenido y avanzó siguiendo protocolos para proteger a las víctimas, utilizando visores nocturnos y personal entrenado para operaciones en selva.
Técnicas de seguridad y enlace
Antes del contacto final, las tropas acordaron con la joven de 18 años una palabra clave para validar la identidad y evitar una trampa. Esta medida, junto con el uso de mensajería telefónica, fue decisiva para que los dos adolescentes de 16 años guiaran a los militares hasta donde estaban las tres niñas menores —de 3, 6 y 12 años— sin que se produjera un enfrentamiento. El despliegue priorizó la seguridad humanitaria y la mínima exposición de los menores.
Contexto y actores involucrados
El rescate ocurre en una zona que la fuerza pública identifica como de influencia del GAOR conocido como Rodrigo Cadete, conectado a las disidencias de alias Calarcá. Las autoridades han señalado a líderes locales, entre ellos a una mujer denominada alias La Morocha, como responsables de amenazas dirigidas a la familia. En paralelo, el Ministerio de Defensa anunció recompensas para facilitar la captura de cabecillas vinculados a estas estructuras y reiteró que no existe cese de operaciones contra grupos que atenten contra la población.
Reacción institucional y acciones complementarias
Tras el rescate, las instituciones involucradas —incluyendo la gobernación, la Defensoría del Pueblo y el ICBF— activaron rutas de atención para evaluación médica y apoyo psicosocial. El Ejército informó que, una vez mejoren las condiciones meteorológicas, se trasladará a los menores y a la joven hacia Peñas Coloradas y luego a Florencia, donde un equipo médico continuará la atención inicial antes de entregar el caso a las entidades competentes para restablecimiento de derechos.
Estado actual y pasos a seguir
Los menores fueron atendidos por socorristas militares en el lugar con hidratación, alimentación y primeros auxilios, y permanecen bajo protección mientras se completa la evacuación aérea prevista. Las autoridades confirmaron que los padres y un hermano mayor conocen el hallazgo y que el proceso de traslado depende del clima. Paralelamente, se han realizado denuncias formales ante la Fiscalía para que los responsables del intento de reclutamiento respondan ante la justicia.
El caso volvió a poner el foco sobre el problema del reclutamiento forzado en el sur del país y la necesidad de articular acciones preventivas. El general Cortés destacó las campañas pedagógicas en colegios y la cooperación con gobernaciones para denunciar y judicializar estas conductas. Mientras tanto, las entidades de protección social trabajan en la ruta para garantizar la atención integral de los niños y la joven rescatados.
