Una serie de inspecciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectaron irregularidades en dos centrales eléctricas ubicadas en La Paz, Baja California Sur, que operan bajo la administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tras un recurso legal promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), un juez ordenó reabrir una denuncia previa y Profepa procedió a revisar la documentación y los equipos. Las visitas terminaron con sanciones económicas y un diagnóstico que apunta a ausencias sistemáticas de datos y fallos en los sistemas de control de emisiones.
Las dos instalaciones señaladas son la Central de Combustión Interna (CCI) de La Paz y la Central Termoeléctrica de Punta Prieta. Ambas utilizan combustóleo como fuente de energía y, según el informe de la autoridad, no pudieron acreditar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos por la normativa ambiental y de salud. Profepa impuso multas por 610,956 pesos a la CCI y por 678,840 pesos a Punta Prieta, cifras que en conjunto superan el millón de pesos, pero que, según especialistas, no alcanzan para remediar el daño ambiental ni para garantizar la reducción de emisiones tóxicas.
Hallazgos técnicos y documentación incompleta
Durante las inspecciones se encontraron omisiones recurrentes: informes de emisiones incompletos, ausencia de registros operativos confiables y falta de datos sobre consumo de combustibles. En la CCI de La Paz, Profepa detectó deficiencias en el control y el mantenimiento de los equipos destinados a reducir la contaminación; en Punta Prieta se identificaron lagunas similares en la bitácora de operación de los sistemas de mitigación. Estas fallas impiden verificar si las plantas respetan los límites máximos permisibles y si los dispositivos de control funcionan adecuadamente, lo que pone en duda la capacidad de las instalaciones para proteger la calidad del aire en la ciudad.
Reacciones de autoridades y colectivos
La respuesta política y social fue inmediata. La alcaldesa Milena Quiroga Romero atribuyó la persistencia de la contaminación a la quema continua de combustóleo y enfatizó la necesidad de avanzar hacia fuentes renovables. A su vez, organizaciones como el CEMDA y la Alianza por la Calidad del Aire pidieron que las sanciones vayan acompañadas de un plan integral que incluya medidas correctivas, mejoras en la operación y una hoja de ruta para la transición energética. Según estas agrupaciones, las multas son solo un primer paso y no sustituyen la obligación de implementar acciones que reduzcan emisiones y protejan la salud pública.
Demandas específicas de la sociedad civil
Entre las peticiones destacadas figuran la exigencia de registros auditables que permitan verificar emisiones reales, mantenimiento constante de los sistemas de control y la instalación de tecnologías de reducción de contaminantes en las chimeneas. Además, las organizaciones han pedido que las autoridades federales impulsen la conversión a combustibles menos contaminantes o la sustitución por fuentes renovables. Para los colectivos, los compromisos previos de cambiar a gas natural o instalar filtros no se han materializado con la rapidez ni la rigurosidad necesarias, por lo que solicitan plazos y mecanismos de verificación independientes.
Impacto en la salud, la economía local y pasos legales
La Paz concentra una parte importante de la generación eléctrica del estado, por lo que el funcionamiento de estas plantas tiene un efecto directo sobre la calidad del aire de la capital y, por ende, en la salud de la población. Expertos en derecho ambiental recuerdan que la legislación obliga a la autoridad a ordenar medidas correctivas cuando se detectan irregularidades; en este caso, el proceso aún está en revisión judicial para determinar si Profepa cumplió con lo ordenado y si las multas son suficientes. La decisión del tribunal será clave para definir si se imponen acciones adicionales que obliguen a las plantas a reducir sus emisiones y a presentar planes de cumplimiento verificables.
Qué sigue
El caso continuará su curso judicial mientras autoridades y organizaciones mantienen presión para que se implementen soluciones de fondo. Tanto la exigencia de registros claros como la demanda de una transición ordenada hacia energías limpias forman parte de las propuestas que, según la sociedad civil, deben acompasar las sanciones. En este escenario, la fiscalización constante, la transparencia en la documentación y la adopción de tecnologías de control se perfilan como requisitos indispensables para mejorar la calidad del aire en La Paz y proteger la salud de sus habitantes.
