La muerte de Cecilia Quintero mientras esperaba la entrega de medicamentos en una sede de Cafam en Cúcuta reavivó la discusión pública sobre la crisis de medicamentos y la atención en el sistema de salud colombiano. El suceso, difundido en video y reportado por distintos medios el 25.02.2026, muestra a una mujer que denuncia la falta de fármacos y, segundos después, cae inconsciente; más tarde se confirmó su fallecimiento.
Familiares de Quintero han contado que el problema no fue aislado: según sus declaraciones, dos parientes cercanos murieron en circunstancias relacionadas con la ausencia o la demora en la entrega de tratamientos esenciales. Las versiones públicas ponen en evidencia fallas en la cadena de suministro, la gestión de EPS y la respuesta institucional ante estas emergencias.
Relato familiar y condiciones médicas
Edinson Rojas, hijo de Cecilia, detalló ante medios locales que su madre padecía múltiples afecciones: problemas cardíacos, insuficiencia renal y hepática. Según Rojas, Cecilia llevaba meses sin recibir los medicamentos que requería y la última entrega documentada había sido en diciembre. La espera reiterada y los aplazamientos habrían tenido un impacto directo en su salud.
Además, en el relato de la familia aparecen otros casos graves: el esposo de Cecilia, operado del corazón y con condición cardiovascular, enfrentaba la misma dificultad para obtener su tratamiento; un hijo con discapacidad del 70% necesitaba pañales y fármacos que, según la familia, no llegaron a tiempo. Estos testimonios configuran una imagen de demanda insatisfecha y de hospitalidad sobre pacientes crónicos.
Responsabilidad institucional y respuestas
Nueva EPS y Droguerías Cafam emitieron comunicados iniciales indicando que se activaron protocolos y que hay investigaciones en curso. No obstante, la familia sostiene que no hubo un contacto directo y que las respuestas por redes sociales fueron insuficientes. Esta distancia entre las versiones institucionales y la percepción de los afectados alimenta la indignación pública.
Protocolos y cuestionamientos
Cafam afirmó que ofreció atención inmediata cuando la mujer se desvaneció y que solicitó servicios de emergencia, pero negó irregularidades en el trato del personal. Por su parte, organismos de control y defensores han señalado que las medidas adoptadas por las EPS no han sido suficientes para restaurar el acceso oportuno a los medicamentos ni para garantizar la continuidad en la atención de pacientes crónicos.
Impacto en confianza ciudadana
La percepción de abandono y de trámites burocráticos que reemplazan la protección de la vida fue enfatizada por la Defensoría del Pueblo, que calificó la situación como el reflejo de un sistema al que le han «cruzado límites inhumanos». Para muchas familias, la pérdida de confianza en la efectividad de las EPS y en la disponibilidad de fármacos esenciales es una consecuencia directa de estos episodios.
Casos previos y contexto más amplio
El fallecimiento de Quintero llegó pocos días después de otro hecho que movilizó la opinión pública: la muerte de un menor, Kevin Acosta, cuyo tratamiento para hemofilia también dependía de la misma EPS. Ese caso puso en el centro el debate sobre la responsabilidad de las entidades prestadoras y sobre cómo las demoras en la entrega de medicamentos pueden derivar en desenlaces fatales.
Expertos y asociaciones médicas han recordado que, en enfermedades crónicas y condiciones como la hemofilia, la prevención depende de mantener niveles constantes de fármacos. Así, la intermitencia en el suministro no solo afecta la calidad de vida, sino que puede desencadenar complicaciones graves.
Demandas y expectativas
La familia de Cecilia y organizaciones sociales exigen que las autoridades competentes investiguen a fondo y que se tomen medidas concretas para garantizar la distribución continua de medicamentos. Entre las propuestas están el fortalecimiento de supervisión a las EPS, mayor transparencia en inventarios y la agilización de los canales de reclamo para evitar retrasos que pongan en riesgo vidas.
Posibles medidas a futuro
Analistas sugieren la implementación de mecanismos de vigilancia más estrictos, la creación de rutas de abastecimiento prioritarias para pacientes con condiciones crónicas y sanciones efectivas para quienes incumplan. La idea central es transformar advertencias y promesas en acciones verificables que reduzcan la recurrencia de tragedias semejantes.
El caso de Cecilia Quintero —reportado el 25.02.2026— es un llamado de atención: expone la fragilidad de la protección de la salud para millones de usuarios y subraya la urgencia de soluciones estructurales que garanticen el acceso oportuno a medicamentos esenciales. Mientras se desarrollan las investigaciones, la familia sigue pidiendo que su experiencia no quede en un episodio aislado sino que sirva para cambios reales en el sistema sanitario.
