El 15 de marzo una salida de descanso se convirtió en una pérdida irreparable para la comunidad médica de Caquetá: la ginecoobstetra Julie Nataly Bohórquez fue impactada por una embarcación en el sector de Agua Azul, en la isla de Barú, y falleció pese a su traslado a un centro asistencial en Cartagena. La profesional, con más de quince años de experiencia, se encontraba en la ciudad por un congreso del sector salud y había decidido aprovechar un día en el mar antes de regresar a Florencia.
El accidente se produjo en una zona de alta concurrencia donde confluyen bañistas y motonaves. Ante el siniestro, la Dirección General Marítima (Dimar) activó protocolos a través de la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima y coordinó con Guardacostas para atender la emergencia, además de abrir una investigación formal para establecer responsabilidades y causas.
Las circunstancias del siniestro
Según los reportes preliminares, la víctima se encontraba en el agua cuando fue alcanzada por una motonave. Las hipótesis iniciales incluyen posible exceso de velocidad, incumplimiento de áreas delimitadas y eventual impericia del operador. La investigación busca determinar si la colisión ocurrió por una maniobra imprudente, falla en la comunicación entre embarcaciones o por la ausencia de una demarcación clara que separe el tránsito marítimo de las zonas de recreo.
Medidas judiciales y señalización pendiente
En octubre de 2026 el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó una medida cautelar que obliga a la Alcaldía de Cartagena y a la Dimar a señalizar y demarcar todos los balnearios turísticos en un plazo de 60 días, debido al historial de accidentes que evidencian un riesgo grave e inminente para turistas y residentes. Aunque se implementaron señalizaciones en zonas como Cholón y Playa Blanca, la experiencia demuestra que la presencia de marcación no basta si no existe control efectivo y cumplimiento por parte de los operadores.
La orden judicial y su aplicación
Los magistrados exigieron medidas claras: uso de boyas, boyarines, trenes de fondeo y señales verticales con textos y símbolos universales resistentes al ambiente salino. La intención es crear una separación reconocible entre zonas exclusivas de bañistas y zonas de tránsito y operación para reducir las colisiones. Sin embargo, la implementación parcial y la competencia entre operadores turísticos han dificultado la completa efectividad de la medida.
Repetición de patrones y antecedentes dolorosos
La muerte de la doctora Bohórquez se suma a una secuencia de incidentes que, con frecuencia, terminan en tragedia. Entre los casos más recordados están la muerte de Juan David Cervantes en junio de 2026 en Cholón, alcanzado por las hélices de una embarcación, y el accidente de Valentina González Medina en noviembre de 2019, impactada por un yate y succionada por las hélices. Estas historias han sido citadas por jueces y defensores de los bañistas al justificar la medida cautelar por el peligro recurrente en las zonas turísticas.
Impacto local y exigencia de respuestas
Para el sistema de salud del departamento del Caquetá, la pérdida de la doctora Bohórquez representa un golpe significativo: su trabajo en partos y controles prenatales en el Hospital Departamental María Inmaculada Bohórquez y su labor en la Clínica Mediláser eran referencias para la atención reproductiva en zonas con escasez de especialistas. Familiares, colegas y la comunidad médica piden celeridad en la investigación y que se determinen responsabilidades administrativas y penales si las pruebas lo requieren.
Qué sigue y demandas ciudadanas
Mientras se realiza la investigación, crece el reclamo por cumplimiento efectivo de las normas náuticas y la completa ejecución de la medida cautelar del Tribunal. Autoridades locales, usuarios de las playas y organizaciones civiles insisten en controles más estrictos, sanciones ejemplares y campañas de concienciación para operadores y bañistas. El objetivo es evitar que jornadas recreativas terminen en luto y garantizar que la demarcación y el control no sean solo disposiciones en papel, sino prácticas observables y verificables.
La comunidad de Florencia se prepara para recibir los restos de la médica, mientras en Cartagena el caso reabre el debate sobre la seguridad en el mar y la responsabilidad compartida entre autoridades y prestadores de servicios náuticos. La exigencia es clara: señalización efectiva, vigilancia permanente y sanciones ante el incumplimiento para que tragedias como la ocurrida el 15 de marzo no vuelvan a repetirse.
