En Mazatlán, Sinaloa, la muerte de una activista dedicada a la localización de personas desaparecidas ha provocado consternación y reclamos de seguridad. El cuerpo de Rubí Patricia, identificada como integrante del colectivo Corazones Unidos por una misma causa A.C., fue hallado en el interior de su domicilio en la colonia Infonavit Jabalíes, en un inmueble ubicado sobre la avenida Santa Rosa.
El hallazgo se produjo mientras autoridades federales y estatales realizaban actividades en la ciudad; la coincidencia temporal elevó la protesta pública y el pedido de explicaciones sobre las condiciones de riesgo que enfrentan las buscadoras y las familias que rastrean a sus desaparecidos.
Los hechos y la actuación inicial de autoridades
Según los reportes oficiales y las versiones del colectivo, el cuerpo de la víctima fue localizado con heridas atribuibles a un objeto punzocortante. Personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios; la vivienda quedó resguardada conforme a los protocolos establecidos.
Además de la intervención de peritos, agentes de la Policía de Investigación iniciaron diligencias para precisar las causas del fallecimiento. Familiares de la víctima acudieron al sitio y corroboraron la identidad de la mujer, de 38 años, ante las autoridades; la institución confirmó que existían lesiones en distintas partes del cuerpo.
Reacción del colectivo y exigencias de protección
El colectivo Corazones Unidos difundió la noticia y describió el homicidio como un duro golpe para las familias que buscan a sus desaparecidos en Sinaloa. Miembros de la agrupación recuerdan que Rubí Patricia participaba activamente en labores de búsqueda y apoyo logístico, dedicando años a rastrear a su hijo.
Ante el crimen, la organización exigió que la investigación incorpore una perspectiva de riesgo hacia las mujeres que realizan labores de búsqueda y pidió garantías concretas de seguridad para continuarlas. Las demandas incluyen protección personal, protocolos específicos y seguimiento institucional que reconozca la vulnerabilidad del trabajo.
Vulnerabilidad de las buscadoras
Colectivos en Sinaloa y otras entidades han insistido en que las personas que buscan familiares desaparecidos operan en condiciones de alto riesgo: recorren zonas rurales y urbanas, comparten información sensible y exponen hallazgos que pueden contradecir a actores criminales. Por ello, reclaman medidas preventivas y respuestas rápidas de las autoridades.
Contexto de seguridad y cifras oficiales presentadas
El homicidio de la activista ocurrió en paralelo a una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Mazatlán, en la que la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó datos sobre la incidencia delictiva en la entidad.
El reporte oficial citado por las autoridades muestra variaciones en el promedio diario de homicidios: entre enero y agosto de 2026 el promedio fue de 1.68 homicidios diarios; a partir de septiembre de 2026, tras enfrentamientos entre grupos criminales, el promedio subió a 4.77. En junio de 2026 se registró un repunte hasta 6.9 homicidios diarios, y en enero de 2026 el promedio bajó a 3.42 diarios. La funcionaria apuntó que existe una reducción acumulada del 50% entre enero de 2026 y enero de 2026.
Indicadores mixtos y otros delitos
Aunque las cifras oficiales señalan una disminución acumulada en el rubro de homicidios, las autoridades reconocieron incrementos en otros delitos, como las lesiones por arma de fuego. Este comportamiento mixto indica que las mejoras en un indicador no eliminan la presencia de violencia ni los riesgos específicos que enfrentan ciertos grupos, como las buscadoras.
Implicaciones y pasos siguientes
La coincidencia temporal entre la visita presidencial y el hallazgo de la activista intensificó las demandas de justicia y transparencia. Colectivos locales y organizaciones de la sociedad civil esperan que la investigación avance con agilidad y que las autoridades federales y estatales informen públicamente los avances y medidas de protección adoptadas.
Entre las solicitudes figura la implementación de protocolos de protección para personas que integran grupos de búsqueda, el reconocimiento formal del riesgo que enfrentan y la garantía de que los casos no queden impunes. La comunidad exige respuestas claras sobre el móvil del homicidio y acciones concretas para evitar nuevas agresiones.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias forenses y de investigación en el inmueble donde fue localizado el cuerpo. La muerte de Rubí Patricia deja una herida abierta en las familias que buscan a sus desaparecidos y vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad de quienes, desde la sociedad civil, asumen la difícil tarea de localizar a sus seres queridos.
