El Centro de Reinserción Social de Puerto Vallarta vivió una jornada crítica que culminó con 23 personas privadas de la libertad fugadas y la muerte de un custodio. El suceso, documentado el 23 de febrero de 2026, obligó a desplegar fuerzas estatales y federales para retomar el control del centro penitenciario y contener la violencia. La Secretaría de Seguridad, a cargo de Juan Carlos Flores Miramontes, calificó el episodio como un evento de alta complejidad y señaló que las acciones de contención alcanzaron entre el 90 y el 100 por ciento de efectividad tras varias horas de tensión.
Tras la recuperación parcial del recinto se realizó el pase de lista, que confirmó la ausencia de 23 internos; además, las autoridades informaron sobre conatos de riña internos y la intervención de un comando armado externo que facilitó la irrupción. En paralelo, se activaron alertamientos en otras entidades federativas para coordinar la localización y recaptura de los evadidos, ante la posibilidad de que intentaran abandonar el estado. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos permaneció en el sitio para supervisar el operativo y constatar que las acciones respetaran la normativa.
Cómo ocurrió el ataque y el motín
De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente comenzó con un ataque externo: sujetos armados dispararon contra la infraestructura penitenciaria y utilizaron un vehículo para derribar uno de los portones de acceso, lo que les permitió ingresar con violencia. El ingreso del grupo armado desató enfrentamientos con custodios y provocó el descontrol entre la población carcelaria, derivando en un motín que se extendió por varias horas. Los custodios intentaron repeler la agresión, pero la complejidad del ataque, sumada a peleas internas entre reclusos, dificultó la contención inmediata.
Respuesta de seguridad y dificultades operativas
Las fuerzas de seguridad estatales y federales implementaron un despliegue considerable para recuperar la normalidad, pero el secretario de Seguridad explicó que el traslado de refuerzos desde la zona metropolitana presentó complicaciones por la distancia y riesgos en carretera. Esa demora obligó a reforzar protocolos internos y a asegurar el perímetro mientras aguardaban el arribo de unidades adicionales. Pese a ello, las autoridades reportaron que el penal regresó a condiciones normales tras horas de tensión y que se mantiene presencia policial para prevenir nuevos incidentes.
Medidas de coordinación interestatal
Una vez controlada la situación en el interior del penal, se activaron canales de información y alertamientos hacia otras entidades federativas con el objetivo de impedir la movilidad de los evadidos fuera del estado. Las autoridades insistieron en la importancia de la cooperación entre corporaciones locales, estatales y federales para la recaptura, así como en la colaboración ciudadana para reportar datos. Se solicitó evitar la difusión de rumores y atender únicamente las comunicaciones oficiales emitidas por la Secretaría de Seguridad.
Investigación y derechos humanos
Las investigaciones apuntan a esclarecer cómo se planeó y ejecutó la irrupción, si hubo fallas en los protocolos penitenciarios y a identificar a los responsables tanto del ataque externo como de posibles complicidades internas. La Fiscalía y las autoridades penitenciarias anunciaron que perseguirán responsabilidades hasta sus últimas consecuencias. Al mismo tiempo, la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos busca garantizar el respeto a la integridad de las personas privadas de la libertad durante las diligencias y documentar las condiciones al interior del centro tras el motín.
Qué deben saber los ciudadanos
Si se encuentra en Puerto Vallarta o en estados cercanos, las autoridades recomiendan seguir únicamente la información oficial, reportar cualquier dato sobre posibles avistamientos de los evadidos y no difundir versiones no confirmadas. Las operaciones de búsqueda continúan activas y el gobierno estatal promete mantener al público informado conforme avancen las diligencias. La prioridad declarada por las autoridades es recapturar a los 23 internos y esclarecer el homicidio del custodio durante la agresión.
