El gobierno de Javier Milei busca cerrar el ciclo de sesiones extraordinarias del Congreso con una batería de proyectos que podrían redefinir aspectos centrales del mercado laboral y del sistema penal juvenil argentino. Las bancadas de La Libertad Avanza solicitaron sesiones especiales para el jueves 26 y el viernes 27 de febrero, fechas que marcan el último lapso posible de tratamiento antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.
La estrategia oficial combina prisas calendáricas con prioridad política: el Ejecutivo pretende que varias iniciativas estén votadas antes de que el Presidente brinde su mensaje de situación nacional, programado para el mismo 27 de febrero. Entre los textos más discutidos aparecen la llamada Ley de Modernización Laboral, la modificación del código penal juvenil y la ratificación del pacto comercial UE‑Mercosur.
Agenda de debate y cronograma
El jueves 26 de febrero el Senado deberá abordar tres temas centrales: la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador de Argentina ante la Unión Europea, la propuesta para reformar la Ley Nacional de Protección de Glaciares y el proyecto que recorta la edad de responsabilidad penal a 14 años. Estas iniciativas fueron incluidas en una convocatoria formal de las bancadas oficialistas.
Al día siguiente, 27 de febrero, la Cámara alta tendría sobre la mesa el debate sobre la Ley de Modernización Laboral y la ratificación del acuerdo UE‑Mercosur. Ese mismo viernes también está previsto el mensaje presidencial, lo que intensifica la presión política y mediática sobre el resultado de las votaciones.
Qué plantea la reforma laboral
El proyecto impulsado por el Ejecutivo introduce cambios que los defensores definen como modernización del mercado de trabajo, mientras que sus críticos lo consideran una merma de derechos. Entre sus propuestas se encuentran la reducción del costo de los despidos, la disminución de aportes patronales en ciertos casos, limitaciones a la capacidad de negociación sindical y la flexibilización de las reglas sobre jornada y horas extras.
Impacto en el empleo y argumentos contrapuestos
Quienes respaldan la reforma argumentan que la normativa vigente está pensada para una economía con alto empleo formal y que hoy el mercado laboral argentino es más fragmentado, con crecimiento de la informalidad y de figuras como los monotributistas. Según esa visión, cambios como la reducción de costos laborales favorecerían la creación de plazas formales al aliviar la exposición de pequeñas y medianas empresas a demandas laborales onerosas.
Por el contrario, sindicatos y sectores de la oposición sostienen que la iniciativa quita derechos históricos: señalan recortes en la obligación de pagar horas extras, limitaciones al derecho de huelga y una menor protección frente a despidos. La discusión incluye además la posibilidad de que ciertas cláusulas (por ejemplo, el cómputo de indemnizaciones) erosione la seguridad económica de trabajadores.
Reforma penal juvenil y otros proyectos
La modificación del código penal juvenil pretende bajar la edad de imputabilidad a 14 años, una medida que reaviva el debate sobre prevención, justicia juvenil y políticas sociales. En paralelo, la convocatoria contempla el tratamiento de un cambio a la Ley de Glaciares, que genera inquietud en sectores ambientalistas por eventuales flexibilizaciones en permisos y actividades en zonas sensibles.
Ratificación del acuerdo UE‑Mercosur
La aprobación del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur figura como otro eje clave. Para el oficialismo, la ratificación abriría mercados y atraerá inversiones; para opositores y críticos, el acuerdo plantea dudas sobre impactos en industrias locales, agricultura y requisitos sanitarios. La discusión combina argumentos económicos con preocupaciones territoriales y productivas.
Más allá del resultado inmediato, las reformas impulsadas por el Ejecutivo podrían cambiar la relación entre trabajo, Estado e instituciones en los próximos años.
