Un nuevo grupo de personas migrantes partió desde Tapachula, en el sur de Chiapas, con la intención de llegar a la Ciudad de México y presentar solicitudes de regularización. El contingente, integrado por personas procedentes principalmente de Haití, Venezuela, Cuba y países de Centroamérica, denunció la falta de respuesta de las autoridades federales y la acumulación de trámites que los mantiene varados en la frontera sur. Según reportes en terreno, alrededor de 800 personas conformaron la caravana y avanzaron por la carretera, priorizando las horas nocturnas para soportar la humedad y el calor.
Los organizadores identificaron a la movilización bajo el nombre simbólico «Génesis 2026» y explicaron que su meta inmediata es arribar a la capital para entregar documentos y gestionar la regularización de visas. Insisten en que no negociarán en puntos intermedios y que prefieren entablar diálogo directamente con instancias federales en la Ciudad de México. En el trayecto, activistas documentaron problemas de salud como deshidratación, lesiones en los pies y infecciones estomacales; en varios casos intervino personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para brindar atención.
Recorrido, ritmo y condiciones de la marcha
La caravana recorrió 133 kilómetros hasta llegar a Pijijiapan, desplazándose con tramos largos durante la noche para evitar las temperaturas máximas. El grupo mantiene un ritmo controlado y se organiza en paradas cortas para descansar y reabastecerse; sin embargo, la humedad del litoral y el incremento de temperatura al mediodía han sido factores de riesgo. Los participantes llevan consigo familias enteras, niños, personas mayores y embarazadas, lo que eleva la vulnerabilidad del trayecto. Además, algunos migrantes han señalado la presencia de redes que exigen pagos por tránsito, un fenómeno denunciado en distintos puntos del corredor sur.
Atención médica y respuesta institucional
Organizaciones civiles que acompañan a la caravana han registrado casos médicos relacionados con la caminata: golpes de calor, heridas en extremidades inferiores y cuadros gastrointestinales por la calidad del agua o la comida insuficiente. En respuesta, brigadas del INM y grupos de apoyo local intervinieron para trasladar o auxiliar a personas graves. Mientras tanto, al resto de quienes permanecieron en Tapachula se les unieron activistas y líderes religiosos en actos públicos para visibilizar la crisis; incluso realizaron una representación del Viacrucis migrante como forma de protesta y reclamo por la falta de soluciones.
Denuncias contra COMAR y demandas de los migrantes
Una de las quejas recurrentes tiene como receptor a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Organizaciones y voceros de la caravana critican la lentitud administrativa: procesos que tardan meses o más de un año, una concentración de expedientes en Chiapas y, según reportes, un sistema que beneficia a quienes pueden pagar servicios privados. Luis Rey García, director del Centro de Dignidad Humana, sintetizó la frustración con el argumento de que nadie desea quedarse en Tapachula y que existen «tens of thousands» de personas varadas por la falta de respuestas.
Contexto histórico y causas profundas
El fenómeno de las caravanas tiene antecedentes recientes que ayudan a entender su reaparición en 2026. Desde 2018 las marchas colectivas se utilizaron como estrategia para enfrentar rutas peligrosas y trámites lentos; en 2018 y los años posteriores se observaron ajustes en política migratoria, incluida la militarización y operativos como el Plan Frontera Sur. La pandemia de 2026 ralentizó procedimientos y dejó a miles en situación precaria en Tapachula; entre 2026 y 2026 la saturación de la COMAR alcanzó niveles críticos, con más de 140 mil solicitudes anuales y tiempos de resolución que llegaron hasta 18 meses, según ONG que documentaron el fenómeno de los «varados».
Impactos por nacionalidad y rutas
La composición de la caravana refleja distintos orígenes y motivaciones: haitianos que huyen de crisis prolongadas y enfrentan barreras lingüísticas; cubanos que buscan tránsito hacia Estados Unidos y denuncian extorsiones; venezolanos que han sido devueltos desde el norte y sufren riesgos en rutas internas; colombianos desplazados por violencia; y centroamericanos que repiten intentos tras deportaciones previas. Cada grupo señala problemas específicos, pero convergen en la exigencia de una respuesta federal que agilice procesos y reduzca la exposición a riesgos en el camino.
La movilización actual pone nuevamente sobre la mesa la tensión entre políticas migratorias, capacidad institucional y derechos humanos. Mientras la caravana avanza hacia la Ciudad de México con la intención declarada de presentar trámites y continuar hacia el norte en busca de empleo, las autoridades federales y locales enfrentan la necesidad de ofrecer soluciones que combinen atención médica, alternativas administrativas y garantías de protección para evitar que miles sigan quedando en un limbo legal en la frontera sur.
