La preocupación por el alza del petróleo a nivel mundial llevó al gobierno mexicano a renovar un pacto con la mayoría de las estaciones de servicio para contener el precio al consumidor. Tras una reunión en el Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de Energía, Luz Elena González Escobar, se acordó mantener un tope de 24 pesos por litro en la gasolina regular durante seis meses, según informaron las autoridades.
El acuerdo fue suscrito de forma voluntaria por la práctica totalidad de las estaciones: el gobierno aseguró que el pacto cuenta con la adhesión de alrededor del 96% de las estaciones de servicio y con la participación de unas 25 empresas del sector. Entre las firmas que aparecieron en la lista figuran G500, Grupo Hidrosina, OXXO Gas, Servifácil y Petrodiésel del Centro, algunas operando bajo la marca Pemex. El CEO de Servifácil, Eugenio del Valle, destacó la disposición del sector para coordinarse con el gobierno.
Detalles del acuerdo y alcance
El pacto se concentra en la gasolina Magna —comúnmente referida como gasolina regular— y excluye a la gasolina premium y, por ahora, al diésel. La duración acordada es de seis meses y la intención oficial es que el precio al público no supere los 24 pesos por litro. El gobierno subrayó que las estaciones obtienen parte del suministro de refinerías nacionales, lo que ayuda a mantener márgenes más bajos, y que, si fuera necesario, se puede recurrir a ajustes temporales en el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios —IEPS— para mitigar incrementos en el surtidor.
Medidas complementarias y posibles extensiones
En la misma reunión, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, planteó la posibilidad de negociar un mecanismo similar para el diésel, cuyo precio por litro ronda actualmente cerca de cuatro pesos más que la gasolina regular. Rodríguez Padilla consideró que no es imprescindible aplicar el tope a la gasolina premium por su menor participación en el mercado: más del 85% de los vehículos utilizan la modalidad regular, según explicó la secretaria de Energía.
Impactos en la cadena de suministro
Analistas advierten que un tope voluntario puede trasladar presión a importadores y a Pemex, con efecto en márgenes y rutas de abastecimiento. Si las ventas de gasolina regular se mantienen por debajo del precio límite, algunos actores podrían ver reducir sus ganancias, lo que a su vez podría provocar reconfiguraciones en las vías de suministro o interrupciones puntuales en estaciones que no toleren el margen reducido. Otra preocupación es que, si se produjera escasez, consumidores opten por la premium a precio libre.
Contexto internacional y presiones sobre precios
El renovado acuerdo se produce en medio de una fuerte volatilidad en los mercados petroleros: el precio del barril de Brent llegó a cotizar cerca de 100 dólares, con picos superiores a esa cifra en jornadas recientes, tras una escalada de ataques en Medio Oriente que aumentaron los temores sobre el suministro. Antes de la intensificación de la crisis el 28 de febrero, el Brent se movía en torno a los 73 dólares por barril. Al mismo tiempo, el WTI estadounidense y la mezcla mexicana subieron; en reportes recientes el WTI alcanzó cerca de 95,73 dólares por barril y la mezcla mexicana se situó en torno a 81,59 dólares.
Acciones internacionales
Frente a la tensión en el tráfico marítimo y el cierre temporal de rutas clave como el estrecho de Ormuz, organismos internacionales adoptaron medidas para aliviar la presión: la Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, en un intento por estabilizar el mercado. Estas decisiones globales explican parte de la urgencia mostrada por autoridades y empresas mexicanas para contener los precios locales.
Balance fiscal y perspectivas
El gobierno no descartó usar el IEPS como herramienta para atenuar el golpe al consumidor; sin embargo, una reducción del impuesto implicaría menor recaudación y efectos sobre las finanzas públicas. En un contexto inflacionario cercano al 4% —que ya preocupa a las autoridades económicas— las medidas buscan un equilibrio entre proteger el poder adquisitivo de las familias y mantener la sostenibilidad fiscal. En las próximas semanas se espera que las secretarías competentes detallen los mecanismos y el alcance de eventuales subsidios.
