La Comisión Europea comunicó que pondrá en marcha de forma provisional el gigantesco acuerdo comercial con el bloque Mercosur mientras se resuelve una impugnación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La decisión llega después de que países del bloque sudamericano avanzaran con la ratificación: Uruguay confirmó la suya el 26 de febrero de y Argentina también la aprobó recientemente, abriendo la posibilidad de que Brasil y Paraguay completen el proceso parlamentario en los días siguientes. La medida de la Comisión está respaldada por el mandato que le concedieron los Estados miembros, pero subraya que la vigencia total requerirá el consentimiento del Parlamento Europeo.
Qué implica la aplicación provisional
Aplicar el tratado de manera provisional significa que muchas de sus disposiciones pueden comenzar a ejecutarse antes de la ratificación final por parte de todos los actores legales implicados. La Comisión enfatizó que se trata de un procedimiento temporal: la entrada en vigor definitiva dependerá de la aprobación parlamentaria europea. En términos prácticos, el pacto contempla la eliminación progresiva de aranceles en más del 90% de las partidas comerciales entre los dos bloques, lo que crea un espacio comercial vasto para bienes y servicios. Para la UE, esto implica mejores condiciones para exportar maquinaria, productos farmacéuticos y automóviles; para Mercosur, mayor acceso para productos agrícolas como carne, soja y azúcar.
Respuestas y tensiones políticas
La decisión ha suscitado críticas en países como Francia, cuyo Gobierno y agricultores han expresado preocupación por la competencia que podrían enfrentar frente a importaciones sudamericanas más baratas. Eurodiputados críticos elevaron el asunto al Tribunal de Justicia, alegando dudas sobre la legalidad del proceso y pidiendo salvaguardias adicionales. Desde el lado sudamericano, dirigentes y analistas celebran la ratificación como un triunfo tras más de 25 años de negociaciones, considerándola una oportunidad de apertura estructural para economías tradicionalmente cerradas. La tensión política refleja, por tanto, el choque entre intereses agrícolas y estrategias de internacionalización comercial.
Reclamaciones del sector agrícola
Representantes del sector agrario europeo han calificado la aplicación provisional como un riesgo para productores locales, advirtiendo sobre el efecto de productos importados a menor costo sobre precios y rentabilidad. Grupos y formaciones políticas han calificado la acción de la Comisión como una falta de respeto a los procesos democráticos si se aplica sin garantías suficientes. La Comisión responde señalando que ha aprobado un paquete de salvaguardas destinadas a mitigar impactos y que el acuerdo incluye mecanismos para proteger a los productores vulnerables.
Oportunidades económicas y distribución de beneficios
Los defensores del tratado destacan las ventajas para las pymes y el comercio bilateral: la eliminación de aranceles y la apertura de cupos permitirá que pequeñas y medianas empresas europeas exporten a un mercado de cientos de millones de consumidores, y que empresas sudamericanas accedan con mayor facilidad a bienes de mayor valor añadido. Según estimaciones conjuntas, la zona cubrirá a más de 700 millones de personas y reunirá economías que representan alrededor del 30% del producto mundial, configurando así una de las áreas comerciales más relevantes a escala global.
Aspectos institucionales y próximos pasos
Desde el punto de vista institucional, la aplicación provisional no cierra la vía judicial ni la política: el Parlamento Europeo aún debe dar su consentimiento final y el Tribunal de la UE tendrá la última palabra sobre cuestiones de legalidad planteadas por eurodiputados. Mientras tanto, Mercosur insta a que no haya demoras injustificadas y reclama que Europa cumpla los compromisos adquiridos tras décadas de negociación. La expectativa es que Brasil y Paraguay completen sus procesos internos de ratificación, consolidando así el respaldo pleno dentro del bloque sudamericano.
Balance y perspectivas
En síntesis, la puesta en marcha provisional del acuerdo marca un punto de inflexión: ofrece amplias oportunidades comerciales y desafíos políticos. Para los promotores, representa la revitalización de vínculos económicos y la apertura de mercados; para los críticos, exige mecanismos fuertes de protección para sectores sensibles, especialmente la agricultura. El resultado final dependerá de las decisiones parlamentarias y judiciales que seguirán a este movimiento administrativo, así como de la capacidad de ambos bloques para implementar las medidas de salvaguarda y manejar las negociaciones de cuotas y normas técnicas que aún restan por definirse.
