Las proyecciones oficiales y estudios recientes apuntan a un escenario de contracción demográfica que transformará la educación primaria en Argentina. Si se mantienen las tendencias actuales, la matrícula podría reducirse en alrededor de 1,2 millones de alumnos respecto a, equivalente a una disminución aproximada del 27% hacia 2030. Este fenómeno no es homogéneo: algunas provincias perderán más población escolar en términos absolutos y otras lo harán en términos relativos, lo que obliga a repensar cómo organizar escuelas, secciones y planteles docentes.
Ante este panorama surge una oportunidad y un desafío: la posibilidad de reasignar recursos sin incrementar el gasto total, pero también el riesgo de desperdiciar esa ventana si las medidas no se orientan a mejorar el aprendizaje. Para aprovecharla se requiere planificación interjurisdiccional, diálogo con comunidades educativas y decisiones que combinen eficiencia presupuestaria y prioridad pedagógica.
La magnitud del cambio por provincias
Las proyecciones muestran que la Provincia de Buenos Aires concentrará la mayor caída en términos absolutos, con más de 510.000 estudiantes menos, una merma cercana al 30,5%. Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe también registrarían descensos significativos, en torno al 34% y 24,5% respectivamente. En términos relativos, territorios como Tierra del Fuego y Santa Cruz enfrentan los porcentajes más altos de reducción. Estas diferencias territoriales implican decisiones variadas: mientras en algunas localidades será necesario fusionar secciones o escuelas, en otras habrá que focalizar apoyos para mantener la oferta educativa.
Efectos sobre la dotación docente y el presupuesto
Si la cantidad de cargos se mantiene igual, la relación actual de aproximadamente 16 alumnos por docente podría descender a cerca de 12 para 2030. En algunas jurisdicciones esa proporción podría ubicarse en apenas 7 u 8 alumnos por docente, mientras que otras mantendrían ratios más elevados (13–15). El informe estima que, para sostener los ratios vigentes, el sistema requeriría la eliminación de alrededor de 50.043 secciones y la reasignación de cerca de 71.250 cargos docentes en el conjunto del país. En términos fiscales, el costo anual de esos puestos se calcula en alrededor de 966,3 mil millones de pesos, equivalente a aproximadamente 15% del presupuesto educativo de.
Riesgos y oportunidades presupuestarias
La disponibilidad de recursos liberados plantea opciones concretas: incrementar la remuneración docente, financiar programas de tutorías, invertir en formación continua y en infraestructura o crear cargos especializados como mentores y tutores. Sin embargo, la evidencia internacional subraya que no todos los usos del presupuesto generan igual impacto en los aprendizajes; por ejemplo, bajar el tamaño de las aulas por debajo de niveles intermedios no garantiza mejoras y, en algunos casos, puede afectar la socialización. Por ello, la recomendación es redirigir fondos hacia intervenciones con alta rentabilidad educativa.
Estrategias para reorganizar el sistema
Las medidas propuestas por los especialistas incluyen la reorganización progresiva de secciones urbanas, la reasignación de docentes hacia escuelas con mayores desafíos, y el diseño de incentivos salariales condicionados a asistencia, contexto y resultados. También se sugiere revisar la oferta de formación docente: priorizar la capacitación de profesores en ejercicio, ajustar inscripciones en carreras con exceso de egresados y planificar cuántos maestros se necesitarán por especialidad en el futuro. Estos cambios deben garantizar la estabilidad laboral prevista por los estatutos provinciales, combinando respeto por los derechos laborales con criterios de eficacia.
Impacto en el sector privado y en la infraestructura
La caída de matrícula afectará de forma distinta a la escuela pública y privada. Mientras los sistemas estatales suelen mantener plantillas a través de asignaciones administrativas, las instituciones privadas dependen directamente de la demanda y podrían enfrentar dificultades para sostener estructuras grandes ante la pérdida de alumnos. En caso de baja ocupación, algunos edificios escolares podrían reconvertirse para uso en formación docente u otros fines educativos, optimizando activos infraestructurales disponibles.
En síntesis, la transición demográfica que atraviesa Argentina presenta una oportunidad histórica para ajustar la arquitectura del sistema educativo: redistribuir recursos, fortalecer la docencia y orientar inversiones a programas con mayor impacto pedagógico. Convertir esta coyuntura en un avance real exige planificación de mediano plazo, mecanismos de diálogo entre jurisdicciones y decisiones centradas en el aprendizaje de los estudiantes.
