El gobierno de Javier Milei puso en marcha una serie de instrucciones dirigidas a los medios de comunicación ante las manifestaciones programadas contra la reforma laboral. En un comunicado del Ministerio de Seguridad se solicitó a periodistas que eviten colocarse entre posibles focos de violencia y las fuerzas de seguridad, con el objetivo declarado de reducir riesgos. Ese texto informó además que la prensa tendrá asignada una zona exclusiva en las calles laterales de la Plaza Congreso, medida que busca limitar la exposición de reporteros durante la cobertura de protestas.
Contexto de la protesta y la convocatoria sindical
La principal central obrera del país, la CGT, llamó a un paro nacional de 24 horas para la jornada en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley, coincidiendo con la intención del Ejecutivo de acelerar el trámite. La convocatoria cobra fuerza porque, según dirigentes sindicales, cuenta con la adhesión de gremios del transporte —maquinistas y choferes de colectivos— lo que podría paralizar la movilidad hacia la Ciudad de Buenos Aires y provocar un freno generalizado de actividades. La medida se proyecta como una respuesta contundente a la iniciativa del gobierno.
Contenido de la reforma y críticas sindicales
El proyecto que genera la disputa incorpora cambios que los sindicatos califican como regresivos. Entre sus puntos se mencionan la reducción de la indemnización por despido, la posibilidad de pago en especie (bienes o servicios), la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y limitaciones al derecho de huelga. Estas modificaciones alimentan el rechazo de la CGT y de organizaciones sociales, que sostienen que la reforma favorece a grandes empresas y responde a exigencias del FMI y otros sectores empresariales.
Reacción de las organizaciones gremiales
Aunque inicialmente la CGT planteó la huelga sin movilizaciones masivas, varios sindicatos y agrupaciones políticas anunciaron que sí marcharán frente al Congreso. La ATE, a través de su secretario general Rodolfo Aguiar, expresó en su cuenta de X el repudio a lo que definió como una nueva amenaza de represión y responsabilizó al presidente por cualquier eventualidad durante la protesta. Estas declaraciones subrayan la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos y anticipan una jornada con alta conflictividad social.
Medidas previas y antecedentes de confrontación
El gobierno implementó políticas de control de movilizaciones desde su asunción en diciembre de, incluida la puesta en práctica de un protocolo anti-piquete que prohíbe cortes de tránsito. La experiencia reciente muestra que las tensiones no son nuevas: el 11 de febrero miles de personas se congregaron en los alrededores del Congreso mientras la reforma se debatía en el Senado; esas protestas derivaron en enfrentamientos con la policía y alrededor de 30 detenciones, según registros de ese día. Esas jornadas previas sirven como antecedente de lo que puede ocurrir cuando se reactive la discusión parlamentaria.
Escenario legislativo y expectativa política
En el plano legislativo persiste la incógnita sobre si el texto aprobado en la Cámara alta llegará sin cambios a la Cámara de Diputados o si se introducirán modificaciones reclamadas incluso por aliados del gobierno. El oficialismo ha manifestado la intención de sancionar la reforma con rapidez para exhibirla como logro de gestión, mientras que la movilización sindical y el paro aparecen como la respuesta más directa para intentar frenar ese avance. La tensión entre la urgencia oficial y la movilización social define el clima político en torno al debate.
La combinación de la convocatoria de la CGT, la adhesión del transporte y las recomendaciones del Ministerio de Seguridad a la prensa establece un escenario complejo: cobertura mediática restringida por razones de seguridad, movilizaciones con alto potencial de impacto y una protesta que podría convertirse en la enésima prueba de fuerza entre el Ejecutivo y el movimiento obrero. En este marco, actores sociales, periodísticos y legislativos se preparan para una jornada clave cuya resolución tendrá consecuencias en la dinámica laboral y política del país.
