El gobierno colombiano anunció un incremento en las medidas de protección para el presidente Gustavo Petro tras las declaraciones del mandatario sobre un presunto complot para sabotear su agenda oficial. Petro afirmó que agentes o mandos no identificados intentaron introducir sustancias psicoactivas en su vehículo presidencial y que hubo anomalías en la iluminación del lugar destinado al aterrizaje de su helicóptero antes de su viaje a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump el 3 de febrero de 2026. Estas afirmaciones llegaron acompañadas por órdenes del ministro de Defensa para reforzar la seguridad del jefe de Estado.
Las autoridades encargadas de investigar —la Fiscalía General y la Policía Nacional— no han emitido hasta ahora comunicados públicos que confirmen la existencia de una pesquisa abierta o la presentación de evidencia tangible sobre los hechos denunciados. En ese contexto, el Ejecutivo ha solicitado a las fuerzas armadas y a los organismos de inteligencia intensificar los protocolos de protección personal y de verificación de riesgos.
Las denuncias de petro y la respuesta del gobierno
Durante una sesión ministerial en Montería, el presidente sostuvo que la noche previa a su encuentro en la Casa Blanca pasó por complicaciones para aterrizar porque «no encendieron las luces» en la zona prevista para su helicóptero. Además, aseguró que un general ya retirado habría recibido la orden de introducir drogas en el vehículo oficial con la finalidad de impedir o empañar la reunión bilateral. Ante esas aseveraciones, el ministro de Defensa emitió instrucciones para que la inteligencia y las unidades de protección presidencial aumenten los controles y patrullajes, aunque sin dar detalles operativos.
Reacción institucional y ausencia de confirmación pública
La Fiscalía no ha divulgado información sobre una investigación, ni la Policía ha confirmado si se apartó a algún oficial por estos hechos. Esa falta de confirmación ha generado interrogantes: por un lado, cabe la posibilidad de que exista una pesquisa reservada por razones de seguridad; por otro, podría no haber elementos suficientes que ameriten un proceso. Expertos en seguridad recuerdan que cualquier amenaza real contra un mandatario activa protocolos conjuntos entre organismos judiciales y militares, algo que no se ha hecho visible en este caso.
Contexto político y seguridad presidencial
Las denuncias de intentos de agresión contra Petro no son nuevas: desde 2026 el presidente ha señalado otras conspiraciones y riesgos sobre su vida, sin que muchas de esas revelaciones hayan contado con documentación pública. Colombia vive un clima de violencia y presencia de grupos al margen de la ley, como disidencias y bandas vinculadas al narcotráfico. En ese entorno, las autoridades suelen mantener información sensible bajo reserva, pero la reiteración de acusaciones sin pruebas públicas puede afectar la confianza en las instituciones y la percepción ciudadana sobre la estabilidad del país.
Implicaciones políticas y seguridad regional
El intercambio diplomático entre Petro y Trump, que incluyó la reunión del 3 de febrero de 2026, se desarrolló sin incidentes públicos. Sin embargo, las afirmaciones presidenciales sobre un presunto intento de sabotaje en ese contexto internacional aportan tensión política. Analistas advierten que acusaciones de esta naturaleza, dirigidas incluso contra miembros de las fuerzas de seguridad, requieren comprobación documental para evitar generar desconfianza institucional o escaladas innecesarias.
Qué sigue: investigación, transparencia y medidas preventivas
Frente a la situación, el Gobierno ha priorizado protocolos de protección y una mayor coordinación entre la defensa, la inteligencia y los equipos de seguridad presidencial. La ciudadanía y los medios esperan ahora que la Fiscalía aclare si existe una investigación formal o si las declaraciones obedecen a información reservada por razones operativas. La transparencia en los pasos a seguir será clave para restablecer la confianza y para que cualquier acusación grave contra funcionarios se sustente en pruebas verificables.
En síntesis, mientras las medidas de protección se intensifican, persisten dudas sobre la veracidad pública de las denuncias. La situación obliga a las autoridades a equilibrar la protección del mandatario con la obligación de ofrecer explicaciones claras que eviten especulaciones y garanticen el funcionamiento institucional.
