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La controversia en torno a la ley de agrotóxicos
Recientemente, el estado de Mato Grosso ha sido escenario de una intensa controversia tras la aprobación de una ley que reduce drásticamente las distancias mínimas para la aplicación de agrotóxicos. Esta normativa, que permite el uso de estos químicos a tan solo 25 metros de áreas protegidas en pequeñas propiedades y 90 metros en grandes, ha generado un fuerte rechazo por parte de ambientalistas y expertos en salud pública. La ley, conocida como el «PL del Veneno», fue presentada por el diputado Gilberto Cattani y ha sido objeto de protestas por parte de diversas organizaciones que advierten sobre los peligros que conlleva.
Impacto en la salud y el medio ambiente
Los críticos de la ley argumentan que la reducción de las distancias para el uso de agrotóxicos podría tener consecuencias devastadoras para la salud de las comunidades rurales. Según el diputado Lúdio Cabral, Mato Grosso es el estado que más agrotóxicos consume en Brasil, con una media alarmante de 67 litros por habitante al año. Este alto consumo se ha correlacionado con un aumento en problemas de salud, incluyendo abortos espontáneos y cáncer infantojuvenil. Además, la investigadora Márcia Montanari ha señalado que la exposición crónica a estos químicos puede provocar diversos tipos de cáncer y malformaciones fetales, lo que plantea un grave riesgo para las generaciones futuras.
Reacciones y consecuencias legales
La aprobación de esta ley no ha pasado desapercibida. Más de 40 organizaciones han firmado una carta de denuncia dirigida al Consejo Nacional de Derechos Humanos, alertando sobre los peligros que esta normativa representa para las comunidades rurales. A pesar de las protestas, el proyecto fue aprobado por una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, aunque tres parlamentarios se opusieron y prometieron llevar el asunto a los tribunales, alegando que la decisión es inconstitucional. La presión sobre el gobernador Mauro Mendes para que vete la ley sigue creciendo, mientras que las entidades del agronegocio defienden su implementación, argumentando que es necesaria para proteger la producción agrícola.