La conmemoración del 24 de marzo de 1976 volvió a llenar Plaza de Mayo en una expresión masiva que mezcló homenaje y tensión política. Día de la Memoria se manifestó no solo como acto de recuerdo, sino como termómetro de consensos y fricciones: familias, organizaciones de derechos humanos, sindicalistas y partidos caminaron hacia la Plaza con consignas como «Nunca más», «¿Dónde están los desaparecidos?» y «Abran los archivos». La convocatoria, amplia y heterogénea, puso en evidencia que la demanda por memoria, verdad y justicia sigue siendo un elemento central del debate público.
Al mismo tiempo, la jornada exhibió la dificultad de mantener el significado de la fecha frente a la fragmentación política. Columnas separadas, consignas distintas y gestos simbólicos transformaron la marcha en un mapa de identidades y prioridades. Mientras algunos participantes enfatizaron la reparación de víctimas y la búsqueda de archivos, otros aprovecharon la ocasión para expresar reclamos de actualidad o críticas al gobierno, mostrando que la memoria se disputa tanto en la calle como en el relato oficial.
Una convocatoria multitudinaria y diversa
La presencia fue notable: alrededor de un millón de personas confluyeron a Plaza de Mayo procedentes de distintos puntos de la ciudad y del conurbano. Entre la multitud se mezclaron madres y padres de desaparecidos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y una variedad de espacios políticos. Ese caudal humano ratificó un consenso básico: la defensa de la democracia como respuesta al pasado autoritario. La escena incluyó pañuelos blancos y fotografías de víctimas; muchos asistentes llevaron las consignas históricas, y en varios momentos se volvió a entonar la identificación con los 30.000 que las organizaciones de derechos humanos mantienen como cifra emblemática.
Fragmentación política y usos de la fecha
La pluralidad se tradujo también en separación: La Cámpora, sectores del peronismo, el gobernador Axel Kicillof y el espacio de Sergio Massa marcharon en columnas distintas; la CGT y las CTA actuaron por su cuenta; la UCR mostró unidad en su propia columna; la extrema izquierda se dividió en varias columnas y La Libertad Avanza optó por la ausencia. Esa dispersión evidenció que la efeméride sigue siendo un territorio de disputa partidaria más que unánime.
Actos simbólicos y desviaciones del recuerdo
Algunas prácticas marcaron la polémica: la columna que pasó por el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner y los gestos de apoyo a su libertad provocaron críticas sobre el uso político de la fecha. Otros colectivos, como trabajadores en conflicto del sector industrial, sumaron sus propias banderas con demandas laborales que, si bien legítimas, no guardaban relación directa con la dictadura de 1976-1983. Estas acciones alimentaron la sensación de que la conmemoración puede verse desvirtuada por reivindicaciones de corto plazo.
Relatos contrapuestos: memoria completa y confrontación
El Gobierno presentó un documental matinal que propuso una lectura crítica del llamado «relato kirchnerista» y reivindicó la idea de memoria completa, con el objetivo de incorporar víctimas de violencia política previas al golpe. Esa postura generó rechazo en muchos manifestantes que consideraron que colocar esas muertes en el centro de la conmemoración equivale a relativizar la escala y la naturaleza del terrorismo de Estado. En este punto se citó el informe de la CONADEP, que consignó 8.753 víctimas, frente a la cifra simbólica de 30.000 que sostienen las organizaciones de derechos humanos.
Críticas a la administración y límites del debate
La marcha también fue escenario de críticas al presidente Javier Milei: pancartas y denuncias públicas asociaron su gestión con riesgos para las garantías democráticas, pese a que su llegada al poder fue mediante una elección en la que obtuvo un 56% en la definición de 2026 y respaldo mayoritario en comicios posteriores. Al mismo tiempo, se objetó el uso instrumental de la conmemoración por parte de actores políticos que, según los organizadores, desviaron el foco del horror estatal hacia disputas políticas contemporáneas.
Demandas centrales del acto y desafíos futuros
En el acto central, las organizaciones de derechos humanos leyeron un documento que reclamó la apertura de archivos, la restitución de nietos apropiados y el mantenimiento de políticas públicas orientadas a la memoria. El texto denunció reducciones presupuestarias y decisiones estatales que, según sus firmantes, complican la búsqueda de verdad. También manifestó preocupación por procesos judiciales y por la situación de dirigentes políticos detenidos o procesados, reclamando garantías y transparencia.
La jornada dejó la imagen de una sociedad que sigue exigiendo respuestas sobre un pasado traumático, pero también mostró cuán vulnerable puede ser la memoria ante intereses partidarios. El desafío es preservar el núcleo ético de la conmemoración —la condena al terrorismo de Estado y la búsqueda de verdad por las víctimas— sin que la fecha se convierta en un escenario de apropiación política. Mantener ese equilibrio será esencial para que la consigna de «Nunca más» conserve su fuerza unitiva en el futuro.
