En un caso que ha sacudido al sistema judicial colombiano, el Tribunal Superior de Popayán ha condenado a María del Socorro Fernández Chávezexfiscal del municipio de El Tambo en Caucaa siete años y tres meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
La sentencia, emitida el 8 de junio de 2026revela un entramado de irregularidades que la exfuncionaria tejió para favorecer a un ciudadano colombiano solicitado en extradición por una corte distrital de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.
El entramado ilegal para evitar la extradición
Según la Fiscalía General de la NaciónFernández Chávez, en ejercicio de sus funciones, inició un proceso judicial paralelo tras el aval del Gobierno nacional a la solicitud de extradición el 17 de mayo de 2016. La exfiscal imputó al solicitado por el delito de rebeliónun cargo que fue aceptado en su momento.
La acusación se basó en una supuesta investigación por pertenencia a un grupo armado ilegalinformación que resultó ser falsa. Además, la exfuncionaria omitió reportar una notificación roja de Interpol e incorporó documentos de arraigo con inconsistenciasfirmas irregulares y otros elementos considerados falsos.
Irregularidades y oposición a la justicia
Entre las irregularidades destacadas, se encontró que la grabación de la audiencia de imputación desapareció. Pese a una orden judicial para repetir la diligencia y garantizar su registro audiovisual, Fernández Chávez se opuso a la decisión.
Como resultado de la vinculación por rebeliónen enero de 2017el solicitado en extradición interpuso una tutela que fue admitida, lo que impidió su traslado a territorio estadounidense. Esta acción bloqueó efectivamente el proceso de extradición.
La condena y sus consecuencias
La sentencia impuesta por el Tribunal Superior de Popayán no solo incluye la pena de prisión, sino también una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, Fernández Chávez enfrentará una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses.
Contra la condena conocida proceden los recursos de ley, lo que significa que el caso aún podría tener más desarrollos en el futuro. Este caso subraya la importancia de la integridad judicial y las graves consecuencias de abusar del poder judicial para fines ilegales.
