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La movilización de los jubilados
Desde el mediodía, la zona del Congreso se convirtió en el epicentro de una intensa movilización. La Marcha por los Jubilados reunió a manifestantes de diversos sectores, incluyendo a hinchas de clubes de fútbol, algunos de los cuales son conocidos como barrabravas.
Este fenómeno ha generado un ambiente de tensión palpable, especialmente con la presencia de efectivos policiales que intentan mantener el orden antes del inicio de la protesta.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno ha dejado claro que no tolerará incidentes durante la marcha.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió un comunicado advirtiendo sobre las sanciones que se aplicarán a quienes incurran en conductas violentas. Se enfatizó que cualquier persona que participe en actos que perturben la seguridad pública será identificada y detenida.
Esta postura firme busca disuadir a los barrabravas y a otros grupos de generar disturbios.
El apoyo del sindicalismo
La movilización no solo cuenta con la participación de jubilados, sino que también ha recibido el respaldo de importantes sectores del sindicalismo.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT) han manifestado su apoyo a la marcha, argumentando que es una respuesta a las políticas de ajuste del Gobierno que han afectado los derechos de los trabajadores.
Este respaldo sindical añade una dimensión significativa a la protesta, reflejando un descontento más amplio en la sociedad.
Un contexto de tensión social
La situación en el país es compleja, con un creciente descontento social que se manifiesta en diversas protestas. La participación de los barrabravas en esta marcha es un hecho nuevo que ha elevado las tensiones. La advertencia del Gobierno sobre la aplicación del Código Penal en caso de disturbios resuena en un contexto donde la seguridad y el orden público son prioridades. La movilización de los jubilados, junto con el apoyo de los sindicatos, pone de relieve la necesidad de un diálogo entre el Gobierno y la ciudadanía para abordar las preocupaciones sociales.
