El Senado concedió la media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, aprobándolo por 42 votos a favor y 30 en contra. Tras una extensa jornada de debate y negociaciones, la iniciativa avanzó y quedará ahora bajo la consideración de la Cámara de Diputados. El resultado refleja una coalición diversa que apoyó la propuesta y una oposición mayoritariamente peronista que rechazo el texto. En la sesión estuvieron presentes referentes del gobierno y varios mandatarios provinciales intervinieron a través de sus senadores para respaldar la iniciativa que, según el oficialismo, busca modernizar el mercado de trabajo.
La votación se produjo luego de horas de discusión en las que se revisaron artículos y se incorporaron modificaciones de último minuto. El oficialismo defendió la propuesta como una herramienta para incentivar la formalización y reducir la litigiosidad laboral, mientras que sectores sindicales y representantes del peronismo alertaron sobre riesgos de pérdida de derechos y fragmentación de las negociaciones colectivas. Tras la aprobación en la Cámara alta, el texto seguirá su trámite parlamentario en Diputados, donde el debate promete ser intenso y con la posibilidad de nuevos cambios.
Principales apoyos y reparto de votos
El bloque oficialista obtuvo 42 adhesiones que combinaron a sus propios representantes con legisladores de distintas fuerzas provinciales y partidos aliados. Entre quienes acompañaron figuraron legisladores de la Unión Cívica Radical, sectores del PRO y bancadas provinciales que respondieron a gobernadores locales. Ese respaldo fue clave para alcanzar la mayoría necesaria frente a un bloque opositor integrado mayoritariamente por el Partido Justicialista y otras fuerzas afines que sumaron 30 votos en contra. El cruce de apoyos refleja tanto negociaciones políticas como acuerdos puntuales sobre contenidos del texto que se definieron en las horas previas a la votación.
Qué cambios introduce el proyecto
El texto aprobado incorpora varias reformas estructurales en la regulación del empleo formal. Entre las medidas más destacadas aparece la habilitación de convenios colectivos por empresa, lo que permite negociar condiciones laborales a nivel de compañía en lugar del ámbito sectorial tradicional. También establece un tope a las indemnizaciones por despido fijado sobre promedios salariales registrados, y crea un banco de horas para compensar jornadas extraordinarias en períodos distintos sin el pago automático de horas extras. Estas reformas buscan, según el gobierno, brindar mayor previsibilidad y flexibilidad para incentivar la contratación registrada.
Otros puntos relevantes del texto
Además, el proyecto incluye modificaciones en los períodos de prueba, cambios en los regímenes de multas por empleo no registrado y ajustes en los esquemas de registración laboral. Se contemplan incentivos fiscales para promover la incorporación de trabajadores informales al empleo formal, límites al derecho a huelga en servicios esenciales y sistemas de compensación por enfermedad con porcentajes y plazos específicos. Entre las correcciones de última hora figuró la preservación de la obligatoriedad de aportes a sindicatos y cámaras empresarias, aunque con topes reducidos que sirvieron para garantizar apoyos transversales.
Reacciones políticas y próximos pasos
Desde la Casa Rosada se celebró la aprobación como un paso decisivo hacia una “actualización” del mercado laboral y el presidente describió el avance como un logro histórico para su gestión. Líderes del oficialismo, por su parte, defendieron la reforma como un mecanismo para atraer inversiones y crear empleo registrado. En contrapartida, dirigentes sindicales y referentes del bloque opositor denunciaron que la reforma contiene recortes efectivos a derechos laborales y criticaron la rapidez con la que se procuró su aprobación.
El tramo final hacia la ley
Con la media sanción conseguida, el proyecto deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados, donde la agenda parlamentaria y las negociaciones entre fuerzas determinarán su versión final. Allí se analizarán eventuales modificaciones y se evaluará el impacto de las cláusulas acordadas en el Senado. La discusión pública seguirá centrada en el equilibrio entre flexibilidad laboral y protección de derechos, mientras los actores sociales y las provincias continuarán ejerciendo presión para influir en el texto antes de una eventual sanción definitiva.
