El president de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha comunicado que no participará en el cara a cara propuesto por RTVE frente a Carlos Martínez (PSOE), quien sí aceptó la confrontación. La negativa se acompaña, no obstante, del anuncio de que Mañueco intervendrá en los dos debates establecidos por la normativa autonómica, conforme a lo fijado por la Comisión de Debates.
La decisión ha provocado reacciones políticas inmediatas: el PSOE ha tachado la postura del presidente autonómico de poco democrática y ha criticado que el PP prefiera formatos menos expuestos. Al mismo tiempo, la campaña del PP en Castilla y León concentra apoyos relevantes, con la presencia anunciada de ex presidentes nacionales como José María Aznar y Mariano Rajoy para reforzar la candidatura de Mañueco.
Repliegue estratégico y refuerzo con figuras del PP
El PP ha optado por una táctica de concentración de mensajes y de imagen de estabilidad: además de la negativa al cara a cara con RTVE, el partido programa actos con líderes veteranos. Aznar y Rajoy participarán en mítines y presentaciones en varias localidades de la comunidad, con la intención de proyectar serenidad frente a la volatilidad de la derecha y de frenar la subida de Vox. El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, respalda la campaña y reivindica resultados que, según su descripción, cualquier formación desearía.
Objetivos y riesgos de la estrategia
El llamamiento a figuras históricas busca dos efectos: movilizar el electorado propio y neutralizar la fragmentación del voto de centroderecha. Sin embargo, esta apuesta conlleva un riesgo comunicativo: rechazar un debate público propuesto por RTVE puede interpretarse como evitar la confrontación directa con el PSOE, lo que el adversario ha aprovechado para acusar al PP de falta de transparencia.
En el Congreso: ayudas a las víctimas ferroviarias y tensión por el escudo social
Paralelamente a la campaña autonómica, el Pleno del Congreso abordó el real decreto ley que establece ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió el texto como una respuesta rápida y eficaz que no prejuzga responsabilidades ni interfiere en las investigaciones en curso.
El decreto, publicado el 3 de febrero, incluye ayudas directas: pagos únicos de 216.000 euros para los herederos de las víctimas mortales en determinados plazos —según declaraciones parlamentarias— y compensaciones para las personas heridas que oscilan entre 2.400 euros en los casos menos graves y más de 84.000 euros para lesiones de gran gravedad. Todas las prestaciones estarán exentas de tributación. Las solicitudes podrán tramitarse hasta el 4 de mayo.
Reclamos de transparencia y exigencia de celeridad
Desde varios grupos parlamentarios llegaron demandas para acelerar los pagos y esclarecer las causas de los siniestros. El PNV reclamó que el Gobierno no se limite a cumplir plazos, sino que los acelere, mientras que Junts criticó que el accidente de Gelida «era evitable» y urgió correcciones en la gestión. UPN y otras formaciones reclamaron mayor transparencia sobre actuaciones de organismos como Adif en el lugar de los hechos.
El contexto político: debates sobre vivienda y liderazgo de la izquierda
En la agenda congresual también figura la votación sobre el llamado escudo social, que incluye medidas como la moratoria de desahucios y la prohibición de cortes de suministros a personas vulnerables. Tras fragmentar el decreto inicial, el Gobierno separó la revalorización de las pensiones y las medidas de vivienda en textos distintos. Pese a ello, PP, Vox y Junts han anunciado su rechazo a la moratoria, alegando que puede favorecer la ocupación, mientras que la subida de pensiones sí parece avanzar.
En el plano de la izquierda, la renuncia de Yolanda Díaz a volver a ser candidata ha abierto interrogantes sobre el liderazgo futuro del espacio progresista, sin que exista por ahora un sucesor claro. La decisión ha reactivado debates internos sobre candidaturas y alianzas, con el objetivo declarado de maximizar el rendimiento electoral en las provincias menos pobladas.
Implicaciones para la campaña autonómica
La suma de estos elementos —la negativa al cara a cara, el respaldo de Aznar y Rajoy y la agenda parlamentaria sobre ayudas y vivienda— configura un escenario de alta intensidad política en las próximas semanas. El PP busca consolidar su posición en Castilla y León de cara a las elecciones del 15 de marzo mediante una mezcla de figuras conocidas y mensajes de estabilidad, mientras que la oposición denuncia falta de exposición pública y exige respuestas urgentes para las víctimas de Adamuz y Gelida.
