El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tomado una decisión clave al solicitar que la Advocacia-Geral da União (AGU) y la Controladoria-Geral da União (CGU) investiguen las numerosas interrupciones en el servicio eléctrico de Enel en la Región Metropolitana de São Paulo.
Esta medida, publicada el 12 de enero en el Diário Oficial da União, responde a los reiterados apagones que han afectado a la población entre y, con al menos cuatro cortes importantes de energía atribuibles a la empresa.
Investigación sobre la empresa de energía
En el despacho presidencial, se ordena a la AGU que elabore un informe detallado sobre las acciones que Enel ha implementado desde la primera interrupción significativa del servicio. Se espera que el informe incluya todas las medidas necesarias, tanto judiciales como extrajudiciales, y que requiera información de la Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Lula enfatiza la relevancia de identificar cualquier responsabilidad que puedan tener los entes federativos y la propia Aneel en estos apagones, así como las razones detrás de la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades pertinentes.
Contexto de la situación actual
En diciembre del año pasado, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, anunció el inicio del proceso para la posible caducidad del contrato de Enel, vigente hasta 2028. Este anuncio fue el resultado de una reunión con el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y el alcalde de la ciudad, Ricardo Nunes, donde se abordaron las inquietudes sobre la calidad del servicio eléctrico.
La presión de los líderes locales ha sido constante, ya que las interrupciones han generado descontento entre los ciudadanos, especialmente en días de mal tiempo, cuando las fallas son más frecuentes y perjudiciales.
Implicaciones políticas y económicas
El gobierno federal ha comenzado a adoptar un enfoque más crítico sobre la situación, que anteriormente se había centrado en la responsabilidad de la Prefectura de São Paulo por el mantenimiento de árboles que podrían afectar las líneas eléctricas. Sin embargo, la presión pública y las preocupaciones sobre el impacto electoral de estos apagones han motivado un cambio en la estrategia comunicativa del gobierno.
Fuentes del gobierno indican que esta es la acción más contundente tomada hasta ahora para abordar los problemas de suministro eléctrico que han persistido durante años. Se espera que, para febrero, la Aneel evalúe la caducidad del contrato y recomiende acciones al Ministerio de Minas y Energía.
Próximos pasos en la regulación del servicio
El proceso para determinar la caducidad del contrato con Enel podría abrir la puerta a una nueva licitación, permitiendo que otra empresa asuma el suministro de energía en la región metropolitana de São Paulo. Sin embargo, es importante destacar que el gobierno federal no tiene la autoridad para obligar a Enel a vender su concesión; esa decisión recae en la empresa misma.
El futuro del servicio eléctrico en São Paulo dependerá de las acciones que se tomen en las próximas semanas, y la presión por una solución efectiva es evidente. La investigación de la AGU y la CGU será crucial en este proceso, buscando asegurar que la población reciba un servicio de energía eléctrica adecuado y continuo.
