En la comunidad costera de San Quintín, ubicada en Ensenada, ha surgido una ola de descontento entre los residentes locales. Este malestar se encendió con la llegada de maquinaria pesada a un espacio verde designado en la colonia San Fernando. La presencia de esta maquinaria marca la fase inicial de una controvertida iniciativa habitacional conocida como el Programa Viviendas del Bienestar.
La tarde del 17 de octubre, un grupo de ciudadanos preocupados intervino para detener los trabajos de construcción, manifestando claramente su desaprobación ante la reducción de áreas verdes y el aumento proyectado de unidades habitacionales. Los manifestantes están inquietos por las actuales deficiencias en el suministro de agua y los problemas de drenaje en la región, temiendo que la incorporación de más viviendas solo agrave estas cuestiones críticas.
Preocupaciones comunitarias sobre la infraestructura
Los residentes de San Quintín han levantado alarmas significativas sobre sus condiciones de vida actuales, destacando particularmente el acceso inadecuado a agua potable. Durante las protestas, enfatizaron que cualquier expansión en la construcción de viviendas probablemente conducirá a problemas más severos, incluyendo el desbordamiento de aguas residuales.
Respuesta del gobierno a las protestas
En respuesta a las manifestaciones, las autoridades locales, incluida la policía, documentaron la situación, anotando la firme postura de los residentes en contra de la maquinaria de construcción. Mariela Méndez Zumaya, directora de Administración Urbana, afirmó que el terreno en cuestión fue donado al municipio. Indicó que el área abarca 6,210 metros cuadrados y podría ser utilizada conforme a las regulaciones municipales. Sin embargo, aseguró al público que se preservará la integridad de los espacios verdes y educativos.
Además, la Administración Urbana ha estado colaborando con varios organismos gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Esta colaboración forma parte de una iniciativa más amplia destinada a mejorar las condiciones de vivienda en todo el país.
Demandas de acción urgente
A pesar de las garantías de los funcionarios municipales, la concejal Ashley Casillas Gómez expresó su fuerte oposición al desarrollo propuesto. Argumentó que construir 80 nuevas viviendas en un área que ya sufre de graves problemas de escasez de agua y drenaje es irresponsable.
Preocupaciones sobre los procesos de aprobación
En una reciente reunión del consejo, el gobierno local aprobó la donación del terreno con una votación mayoritaria, pero muchos creen que esta decisión se tomó sin un análisis técnico adecuado. Arquitectos locales han sugerido que el sitio solo es adecuado para un máximo de 18 viviendas, y agregar 80 podría llevar a un colapso infraestructural significativo, afectando negativamente a todos los residentes actuales.
Casillas Gómez ha instado a sus compañeros concejales, al abogado municipal y al presidente municipal a convocar una sesión urgente para reconsiderar la donación y detener el proyecto. Ella declaró: “Yo personalmente presencié cómo los residentes impidieron el trabajo inicial de la maquinaria, junto a los concejales Jesús Martínez y Enrique Ramos, y estamos comprometidos a iniciar la revocación de esta donación de tierras.”
La situación en San Quintín refleja la crítica intersección entre el desarrollo urbano y las necesidades comunitarias. A medida que los residentes continúan expresando sus preocupaciones, el futuro del proyecto habitacional propuesto sigue siendo incierto, y el gobierno local enfrenta una creciente presión para abordar los desafíos existentes en infraestructura antes de proceder con cualquier desarrollo adicional.
