Contexto de la decisión
Recientemente, el corregedor nacional de Justicia de Brasil, el ministro Mauro Campbell Marques, tomó una decisión que ha generado un intenso debate en el ámbito judicial del país. Se estableció un límite máximo de R$ 46,3 mil para los llamados ‘penduricalhos’, que son pagos adicionales que reciben los magistrados. Esta medida, aunque inicialmente dirigida al Tribunal de Justicia de Sergipe, busca inspirar a otros tribunales a adoptar criterios similares. Sin embargo, la decisión no es vinculante y puede ser objeto de apelaciones.
Impacto en el sistema judicial
La medida se enmarca en un contexto donde los pagos adicionales a los magistrados han crecido significativamente en los últimos años. Desde 2020, diversas autorizaciones del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y del Supremo Tribunal Federal (STF) han permitido que ciertos pagos no se incluyan en el cálculo del límite salarial del funcionalismo público. Esto ha llevado a que muchos magistrados reciban sumas que superan los R$ 100 mil mensuales, como se evidenció en el caso de São Paulo, donde la mayoría de los jueces y desembargadores recibieron pagos que exceden este umbral.
Críticas y propuestas de cambio
Expertos como Rafael Rodrigues Viegas, profesor de la FGV, critican la decisión del CNJ, argumentando que establecer un límite no aborda el problema fundamental del desvío del techo constitucional. Según Viegas, el CNJ ha legitimado prácticas que eluden la legislación, permitiendo que la magistratura acceda a fondos públicos de manera inadecuada. Además, se sugiere que el establecimiento de límites debería ser competencia del Legislativo, no del CNJ, para evitar que el techo salarial se convierta en un mero símbolo sin efecto real.
Expectativas futuras
El debate sobre los ‘penduricalhos’ y los límites salariales está lejos de concluir. Con la expectativa de que el Congreso retome la discusión sobre la creación de límites para los pagos adicionales, tanto el gobierno como los parlamentarios de diversas ideologías están buscando soluciones que brinden transparencia y equidad en el sistema judicial. La reciente decisión del Ministerio Público en São Paulo, que reconoció deudas de más de R$ 1 millón a cada promotor, refleja la preocupación por posibles cambios en las reglas actuales, lo que podría llevar a nuevas demandas de beneficios por parte de las categorías del Judiciario.
