Las recientes declaraciones de la senadora Lilly Téllez han reavivado el debate sobre la seguridad en Sonora y la influencia del crimen organizado en la política local. Durante una entrevista, Téllez dejó en claro que no se postulará para la gubernatura de su estado natal. Argumenta que la actual situación de inseguridad, dominada por los cárteles, imposibilita ejercer un gobierno basado en principios sólidos. Frente a esta realidad, surge la pregunta: ¿realmente puede un político operar con integridad en un entorno tan adverso?
La inseguridad como factor decisivo
Téllez no escatimó en señalar que Sonora está particularmente afectada por la presencia de cárteles que, según su afirmación, han coludido con el partido en el poder, Morena. Esta situación refleja una preocupación legítima sobre cómo el crimen organizado puede influir en las decisiones políticas y en la capacidad de un gobernador para implementar políticas efectivas. Para ella, asumir una posición de liderazgo en este contexto sería un acto de desafío directo a fuerzas profundamente arraigadas en la estructura del gobierno actual.
El temor de Téllez no es infundado. El análisis de la situación en estados como Sonora ha mostrado que el churn rate de la confianza pública en las instituciones ha ido en aumento. Esto se traduce en un burn rate preocupante para cualquier aspirante a líder. La realidad es que el entorno de violencia y corrupción puede hacer que la gobernanza efectiva sea un sueño inalcanzable.
Crítica a la concentración del poder
Además de la inseguridad, Téllez expresó su desacuerdo con lo que describió como la “hiperpresidencia mexicana”, refiriéndose a la administración actual como una monarquía que ha limitado la autonomía de los gobernadores. Este tipo de crítica no es nueva, pero cobra relevancia en el contexto actual donde muchos otros políticos también están comenzando a cuestionar la centralización del poder. Su comparación de la presidenta Claudia Sheinbaum con una monarca, y de los gobernadores como súbditos, revela una frustración que podría resonar con otros líderes locales que sienten que sus manos están atadas.
Históricamente, hemos visto cómo la falta de autonomía en la toma de decisiones puede llevar al descontento social y a la ineficacia gubernamental, lo que a su vez podría afectar el Lifetime Value (LTV) de la política actual. Al señalar su oposición a trabajar bajo estas condiciones, Téllez no solo defiende su posición, sino que también plantea una crítica a un modelo que podría estar poniendo en riesgo el futuro de la gobernanza en México.
Lecciones para futuros líderes políticos
Las afirmaciones de Lilly Téllez ofrecen varias lecciones para futuros líderes políticos y emprendedores en el ámbito público. Primero, es esencial entender el contexto en el que se opera. Aquellos que aspiran a ser líderes deben tener una comprensión clara de las realidades que enfrentan, incluyendo la influencia del crimen organizado y la concentración de poder.
Además, deben estar dispuestos a cuestionar las estructuras existentes y no tener miedo de expresar sus desacuerdos, como ha hecho Téllez. Sin embargo, también es vital que estos líderes estén preparados para enfrentar las consecuencias de sus palabras y acciones, dado que desafiar el status quo a menudo conlleva riesgos significativos.
Finalmente, construir una relación de confianza con la ciudadanía es crucial. En un entorno con un alto Customer Acquisition Cost (CAC), donde la desconfianza puede ser elevada, los líderes deben trabajar incansablemente para demostrar que están en la política no solo por el poder, sino por el bienestar de la comunidad que representan.
Conclusiones
Las declaraciones de Lilly Téllez no solo reflejan sus propios desafíos personales, sino que también ponen de relieve un panorama más amplio de la política en Sonora y México en general. La inseguridad y la concentración del poder son temas que continúan afectando la gobernabilidad y la confianza pública. Para cualquier aspirante a líder, entender estas dinámicas es fundamental para poder navegar el complicado paisaje político y social del país.
