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La acusación de asociación ilícita
La reciente imputación del exintendente de La Plata, Julio Garro, ha sacudido el panorama político de la ciudad. La fiscalía, liderada por Juan Cruz Codomi Alcorta, ha señalado que Garro podría haber estado involucrado en una asociación ilícita relacionada con la autorización ilegal de más de 400 barrios privados.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la gestión de Garro, sino que también revela un posible entramado de corrupción que podría haber perjudicado gravemente al Estado y a los ciudadanos.
Los delitos en cuestión
El dictamen del fiscal menciona varios delitos graves, incluyendo incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documentos y administración fraudulenta.
Según la investigación, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023, varios funcionarios de la municipalidad, en complicidad con empresarios, habrían facilitado el desarrollo de proyectos urbanísticos sin la debida autorización provincial. Este accionar habría generado un perjuicio económico estimado en 700.000 millones de pesos y un volumen de operaciones inmobiliarias que asciende a 1.500 millones de dólares.
Allanamientos y pruebas contundentes
La fiscalía ha llevado a cabo una serie de allanamientos en propiedades y oficinas vinculadas a exfuncionarios y empresas del sector de la construcción. Entre las empresas investigadas se encuentran Les Baux Obras y Servicios S.A.S.
, Bordigoni y Cía. SRL, y Agrycon S.A., las cuales, según el fiscal, jugaron un papel crucial en la aprobación irregular de estos proyectos. Las pruebas recopiladas incluyen documentos alterados y sobreprecios en obras públicas, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones.
El papel de la inmobiliaria ONE
Además, la investigación se centra en la relación de Garro con la inmobiliaria ONE, que opera en zonas como City Bell y Punta del Este. Se sospecha que esta empresa ha estado comercializando terrenos de los proyectos irregulares, lo que añade otra capa de complejidad a este caso. La fiscalía sostiene que los desarrolladores estaban obligados a contratar una empresa constructora, supuestamente de propiedad de funcionarios de la gestión de Garro, para llevar a cabo la urbanización de los barrios.
Un futuro incierto para La Plata
Este escándalo de corrupción no solo afecta la reputación de Garro, sino que también plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la administración pública de La Plata. A medida que avanza la investigación, los ciudadanos esperan respuestas y justicia. La trama de corrupción que se ha destapado podría tener repercusiones significativas en la política local y en la confianza de la población hacia sus líderes.
