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En los últimos meses, la educación universitaria en Argentina ha estado marcada por un clima de tensión y protestas. La decisión de las federaciones de sindicatos de docentes universitarios, como Conadu y Conadu Histórica, de convocar a un paro nacional de 72 horas a partir del 12 de noviembre, refleja un descontento creciente en el sector educativo. Esta medida se produce en un contexto de incumplimientos por parte del gobierno de Javier Milei respecto a la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
La falta de avances en las negociaciones salariales y la erosión del poder adquisitivo de los profesores y el personal no docente han llevado a los sindicatos a tomar esta drástica decisión. El paro se extenderá hasta el 14 de noviembre, y como advertencia, se plantea la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo si no hay respuestas satisfactorias del gobierno.
Contexto de la huelga docente
Desde diciembre, el clima de diálogo entre los docentes y el gobierno se ha visto deteriorado, con un estancamiento en las conversaciones salariales. Las movilizaciones en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario se han sucedido a lo largo del tiempo, evidenciando un conflicto latente que se ha intensificado con el tiempo. La aprobación de esta ley en el Congreso, que posteriormente fue vetada por Milei, ha dejado a los educadores en una posición de descontento.
Impacto del veto presidencial
El veto de Javier Milei a la ley fue un punto de inflexión, ya que aunque el Congreso no logró mantener el veto presidencial, el ejecutivo encontró la manera de promulgarla, pero con la condición de que no se implementara hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. Esto ha llevado a que la ley sea impugnada judicialmente por organismos como el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que considera que esta decisión compromete la estructura republicana y la voluntad del legislativo.
Convocatoria a la movilización y la solidaridad entre docentes
En una reunión de secretarías generales, Conadu decidió, por mayoría, llevar a cabo el paro de 72 horas, tras una consulta a la comunidad universitaria. Este consenso subraya la necesidad de una acción de alcance nacional para presionar al gobierno. Además, se ha expresado la disposición de afectar el inicio del ciclo lectivo si no se avanza en la implementación de la ley de financiamiento.
La solidaridad entre los sindicatos es palpable, especialmente con aquellos docentes que han denunciado represalias políticas, como es el caso de ADUFOR en la Universidad Nacional de Formosa. Esta unión refleja un esfuerzo colectivo por resguardar los derechos laborales y las condiciones de trabajo dignas para los educadores.
Perspectivas futuras y reacciones del gobierno
El panorama se complica aún más con la llegada de nuevas administraciones y la incertidumbre sobre las políticas educativas. La FAGDUT, que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ha declarado un estado de alerta, exigiendo la apertura urgente de paritarias. Su secretario general, Ricardo Mozzi, ha señalado que se están preparando medidas de acción, incluyendo protestas y jornadas de visibilización, para abordar la crisis que afecta a la educación superior.
Por su parte, otros gremios, como FATUN y FEDUN, mantienen un perfil bajo en cuanto a la situación actual, mientras que la Unión de Docentes Argentinos (UDA) ha optado por la negociación con el ministerio correspondiente. Esta diversidad de enfoques entre los sindicatos indica un momento crítico en el que las decisiones del gobierno de Milei tendrán un impacto duradero en la educación universitaria y en la vida de miles de docentes y estudiantes.
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