Contexto de la controversia
Recientemente, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, hizo declaraciones que han generado un fuerte debate en el país. Durante una reunión del Consejo Deliberativo de la Confederación de Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasília, el ministro afirmó que la policía «prende mal» y que, como consecuencia, el sistema judicial se ve obligado a liberar a los detenidos. Esta afirmación ha sido recibida con indignación por diversas asociaciones de policías y parlamentarios, quienes consideran que se está deslegitimando el trabajo de las fuerzas del orden.
Reacciones de las asociaciones policiales
La Asociación Nacional de Delegados de Policía Federal expresó su descontento a través de un comunicado, señalando que una detención solo puede ser considerada «mal realizada» si hay alguna ilegalidad involucrada. Según la asociación, la mayoría de las audiencias de custodia concluyen que las detenciones son legales. Además, enfatizan que la concesión de libertad provisional no significa que las investigaciones se detengan, ya que estas continúan bajo la supervisión de los delegados de policía.
Opiniones de los parlamentarios
Los comentarios del ministro también provocaron reacciones en el ámbito político. El senador Alessandro Vieira criticó la falta de respeto hacia los policías que arriesgan sus vidas en la lucha contra el crimen, mientras que otros parlamentarios, como Rogério Marinho y Caroline de Toni, señalaron que las declaraciones del ministro están desconectadas de la realidad y que se debe buscar una solución más integral al problema de la criminalidad en Brasil. La diputada de Toni subrayó que el ministro debería enfocarse en los verdaderos culpables, en lugar de culpar a las fuerzas del orden.
La respuesta del Ministerio de Justicia
Ante la controversia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aclaró que las declaraciones del ministro se dieron en un contexto de falta de integración entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Se mencionó que uno de los objetivos de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública es estandarizar y mejorar el intercambio de información entre las autoridades policiales y el Poder Judicial. Esto, según el ministerio, es crucial para que los jueces tengan acceso a información relevante sobre los antecedentes de los detenidos durante las audiencias de custodia.
