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Maria Elizabeth Rocha asume un papel histórico
Maria Elizabeth Rocha ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en presidir el Superior Tribunal Militar (STM) de Brasil. Su nombramiento no solo marca un hito en la historia de la justicia militar brasileña, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro legal del ex-presidente Jair Bolsonaro.
En su primera declaración como presidenta, Rocha abordó la posibilidad de que Bolsonaro enfrente cargos por crímenes militares, específicamente por «incitación a la tropa» durante los eventos que llevaron a la trama golpista de 2022.
La responsabilidad del Ministerio Público Militar
Rocha enfatizó que, aunque ella puede identificar ciertos crímenes, la responsabilidad de presentar cargos recae en el Ministerio Público Militar. «Si él tiene un crimen militar, que él responda», afirmó. Esta declaración subraya la importancia de la independencia judicial y el papel del Ministerio Público en la investigación de posibles delitos.
La presidenta del STM también destacó que el juicio de la trama golpista recae en el Supremo Tribunal Federal (STF), aunque muchos militares estén involucrados en los delitos.
Implicaciones para los militares acusados
La situación legal de Bolsonaro es compleja, ya que él y otros 33 individuos han sido denunciados por su participación en la trama golpista.
Entre los acusados, 24 son militares de alto rango, lo que podría llevar a un juicio en el STM si son condenados a más de dos años de prisión. En este caso, los militares podrían enfrentar la pérdida de su puesto y patente, lo que implica consecuencias significativas para su carrera.
Rocha mencionó que estos oficiales podrían ser considerados «muertos ficticios», lo que les privaría de beneficios como el salario integral y la prisión especial.
Un llamado a la inclusión de mujeres en la justicia
En su discurso inaugural, Maria Elizabeth Rocha también hizo un llamado a la inclusión de más mujeres en los tribunales superiores. Su enfoque en la «transparencia, reconocimiento identitario y defensa del Estado democrático de Derecho» refleja un compromiso con una justicia más equitativa y representativa. La nueva presidenta espera que su liderazgo inspire a más mujeres a ocupar posiciones de poder en el ámbito judicial y político, un paso crucial para avanzar hacia una sociedad más justa.
