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Un cambio significativo en la Ley de Presupuesto
La reciente aprobación de la Ley de Diretrizes Orçamentárias (LOA) de 2025 ha marcado un hito en la relación entre el gobierno federal y el Congreso Nacional. Con una reducción en el total de emendas parlamentarias, que pasó de R$ 53 mil millones en 2024 a R$ 50,4 mil millones en 2025, se ha ampliado el poder del Legislativo sobre el presupuesto nacional. Este cambio no solo refleja una nueva dinámica política, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la gobernanza en la gestión de recursos públicos.
Emendas impositivas: un nuevo enfoque
Uno de los aspectos más destacados de la LOA de este año es el aumento en el volumen de emendas impositivas, que son aquellas que el Ejecutivo está obligado a pagar. Este tipo de emendas ha crecido de R$ 26,3 mil millones (49% del total) a R$ 39 mil millones (77%). Este cambio otorga a los parlamentarios un mayor control sobre los recursos, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia y el uso de estos fondos para fines electorales. La preocupación radica en que estas emendas pueden ser utilizadas para fortalecer bases electorales, a menudo en detrimento de la rendición de cuentas.
La controversia en torno a las emendas de comisión
Las emendas de comisión, que totalizan R$ 11,5 mil millones, son objeto de controversia debido a la falta de control gubernamental sobre su uso. Estas emendas han sido criticadas por su opacidad y por el riesgo de corrupción. El Supremo Tribunal Federal (STF) ha intervenido en varias ocasiones para regular su uso, especialmente tras el escándalo del presupuesto secreto que se reveló en 2022. A pesar de los intentos de regulación, la nueva normativa permite que los líderes partidarios hagan indicaciones en nombre de sus siglas, lo que dificulta la identificación de los autores de las emendas y perpetúa la falta de transparencia.
Desafíos y tensiones entre el Congreso y el STF
La tensión entre el Congreso y el STF ha alcanzado niveles críticos, especialmente en el contexto de las emendas. En 2024, el ministro Flávio Dino bloqueó el pago de recursos y exigió mayor transparencia, lo que llevó a un enfrentamiento directo con los líderes del Congreso. A pesar de los esfuerzos por establecer un marco regulatorio claro, la implementación ha sido problemática, y muchos temen que las nuevas reglas no sean suficientes para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
