Table of Contents
La realidad de las trabajadoras sexuales en Brasil
En Brasil, la prostitución es una actividad legal, pero las trabajadoras sexuales enfrentan una serie de desafíos que ponen en riesgo su seguridad y derechos. En el centro de São Paulo, muchas mujeres, como Stella, de 46 años, se ven obligadas a ejercer esta profesión para mantener a sus familias.
Con un alquiler de aproximadamente R$ 2.000 al mes, Stella necesita realizar al menos 66 encuentros para cubrir sus gastos. Esta situación refleja la dura realidad de muchas trabajadoras del sexo que, a pesar de las dificultades, no se consideran víctimas, sino supervivientes en un sistema que a menudo las margina.
Propuestas legislativas y sus implicaciones
Recientemente, el diputado federal Kim Kataguiri presentó un proyecto de ley que busca prohibir la presencia de trabajadoras sexuales en las calles. Esta propuesta ha generado un intenso debate, ya que muchas profesionales temen que la criminalización de su trabajo las empuje a situaciones más peligrosas, como el rufianismo, donde terceros se benefician de su actividad.
Thamiris Suellen, coordinadora del colectivo Mujeres de la Luz, argumenta que esta ley no solo es injusta, sino que también ignora la realidad de muchas mujeres que, en su mayoría, son de comunidades vulnerables y dependen de este trabajo para sobrevivir.
La lucha por la dignidad y el reconocimiento
Las trabajadoras sexuales en Brasil no solo luchan por su derecho a trabajar, sino también por el reconocimiento de su dignidad como seres humanos. Organizaciones como Mujeres de la Luz y la casa de acogida LGBT+ Neon Cunha están al frente de esta batalla, abogando por políticas públicas que no las persigan, sino que les ofrezcan apoyo y protección.
La afirmación del diputado de que la prostitución ocurre en áreas residenciales ha sido desmentida por las trabajadoras, quienes aseguran que su actividad es discreta y no interfiere en la vida de los vecinos. La concentración de estos servicios en áreas específicas de la ciudad demuestra que la criminalización no es la solución, sino que se necesita un enfoque más comprensivo que respete los derechos de estas mujeres.