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Un nuevo asesinato sacude a la comunidad pataxó
El pasado 10 de octubre, la comunidad indígena pataxó fue golpeada nuevamente por la violencia, cuando Vitor Braz, un joven de la aldea Terra à Vista, fue asesinado a tiros por pistoleros al servicio de terratenientes.
Este trágico suceso ocurrió en la Tierra Indígena (TI) Barra Velha do Monte Pascoal, en el sur de Bahia, un territorio que ha sido objeto de disputas y reivindicaciones por parte de los pataxós desde hace años.
La TI Barra Velha, que abarca más de 52,7 mil hectáreas, fue delimitada por la Fundación Nacional del Indio (Funai) en 2008.
Sin embargo, la falta de avances en el proceso de demarcación ha llevado a la comunidad a realizar diversas ocupaciones en su territorio, buscando recuperar sus tierras ancestrales. La reacción de los terratenientes ha sido violenta, y el asesinato de Vitor parece ser un mensaje claro hacia los aproximadamente 300 indígenas que se encontraban en la capital para participar en una audiencia pública sobre la demarcación de tierras indígenas.
Un contexto de violencia sistemática
Este asesinato no es un caso aislado. En los últimos años, los pueblos indígenas de Bahia han enfrentado una creciente ola de violencia. Desde el asesinato de Gustavo Pataxó, un joven de 14 años en 2022, hasta los recientes homicidios de Nawir Brito de Jesus y Samuel Cristiano do Amor Divino, la comunidad pataxó ha sido blanco de ataques sistemáticos.
Las fuerzas de seguridad, en lugar de proteger a estas comunidades, a menudo se ven implicadas en estos crímenes, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad en la que viven.
La impunidad es la norma. A pesar de que no existen impedimentos jurídicos para la emisión de las portarias declaratórias de las tierras indígenas, el Ministerio de Justicia sigue sin actuar.
Esta inacción permite que los terratenientes continúen con sus agresiones, mientras que los indígenas luchan por su derecho a la tierra, un derecho que debería ser garantizado por el Estado.
Desafíos legales y retrocesos en derechos indígenas
La situación se complica aún más con la discusión sobre la ley 14.701/23, conocida como la Ley del Genocidio Indígena, que se reanudará el 26 de marzo. Esta legislación pone en riesgo los derechos de los pueblos indígenas, permitiendo la explotación de sus tierras para minería, infraestructura y defensa nacional, sin el consentimiento adecuado. La ley exige solo una consulta inicial, lo que contraviene el derecho a una consulta libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Además, la nueva normativa criminaliza las ocupaciones indígenas, facilitando la represión y la violencia por parte de las fuerzas policiales. Los gobiernos locales también tendrán un papel en el proceso de demarcación, lo que podría abrir la puerta a intereses económicos que dificulten aún más la protección de los derechos indígenas. La lucha por la tierra y la vida de los pueblos pataxó continúa, en un contexto donde la violencia y la resistencia se entrelazan de manera trágica.
