Table of Contents
La presión en las calles de Brasilia
En un ambiente de creciente tensión, los servidores públicos de Brasilia han intensificado sus protestas para exigir la votación de la Ley Orçamentaria Anual (PLOA) de 2025. Sin esta ley, el esperado reajuste salarial del 9% no podrá ser implementado, lo que ha llevado a los trabajadores a movilizarse en diferentes puntos de la capital.
Las manifestaciones se han llevado a cabo en lugares estratégicos como aeropuertos y el Congreso, donde los servidores buscan captar la atención de los parlamentarios que regresan de sus estados.
Demandas más allá del reajuste
Además del reajuste salarial, las categorías del funcionalismo federal están demandando la revisión y creación de nuevas carreras.
La situación es crítica, ya que el Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos (MGI) ha señalado que la ley debe ser sancionada antes del 15 del próximo mes para que se puedan procesar las nóminas de pago. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que el Fonasefe, el foro que agrupa a diversas entidades, ha solicitado un procesamiento de nómina suplementaria, pero la respuesta ha sido que esto solo se evaluará tras la aprobación de la ley.
El contexto de la movilización
La movilización de los servidores no es un hecho aislado. En 2024, los docentes federales y los técnicos administrativos ya habían realizado paros prolongados, lo que refleja un descontento acumulado. La falta de cumplimiento de acuerdos previos con el gobierno ha llevado a la posibilidad de que se retomen las huelgas.
Jennifer Webb, tesorera del Andes-SN, ha advertido que si las negociaciones no avanzan, el sindicato podría considerar la reanudación de la huelga en sus próximas reuniones. Este clima de descontento se ve agravado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, lo que ha llevado a la parálisis de varios trabajos en el Parlamento.
El futuro del presupuesto y las promesas incumplidas
La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre el calendario de votación del presupuesto. A pesar de que la Comisión Mista de Orçamento había establecido un cronograma claro, las sucesivas postergaciones han generado frustración entre los servidores. La presión por el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno de Lula se siente en el aire, mientras que la falta de claridad sobre las fuentes de financiamiento para nuevos programas, como el Vale-Gás, añade más tensión al ambiente. La reciente propuesta del Ministerio de Planeamiento de utilizar recursos del Fondo Social del Pré-Sal para programas habitacionales ha sido recibida con escepticismo, ya que los servidores buscan garantías concretas sobre sus derechos y salarios.
