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El contexto de la resolución judicial
Recientemente, el Poder Judicial de Argentina ha tomado una decisión contundente al multar a los ministerios de salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida, que asciende a 100.000 pesos diarios, se impone debido a la falta de cumplimiento con la Ley Nacional de Salud Mental.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) fue la responsable de denunciar la inacción de ambos ministerios, quienes no han implementado las acciones necesarias para permitir que las personas internadas en hospitales psiquiátricos puedan reintegrarse a la comunidad.
Un proceso judicial largo y complejo
La causa judicial se remonta a 2014, cuando se inició con el objetivo de que el Ministerio de Salud externara a cuatro personas que, a pesar de tener el alta médica, seguían en hospitales psiquiátricos por falta de recursos.
En 2015, la justicia no solo ordenó la creación de dispositivos para su externación, sino que amplió la causa al descubrir que cientos de personas se encontraban en la misma situación. Sin embargo, a pesar de las órdenes judiciales, los ministerios no han cumplido con las sentencias, lo que ha llevado a la imposición de esta multa.
La importancia de garantizar derechos humanos
La resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 subraya la necesidad de que las decisiones judiciales sean cumplidas. La multa diaria tiene como objetivo destinar esos fondos a la implementación de medidas que aseguren la externación de todas las personas en situación de alta médica.
Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, enfatiza que esta situación refleja la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas que viven en hospitales psiquiátricos. La falta de soluciones habitacionales y sociales ha llevado a que muchas personas permanezcan institucionalizadas, lo que es una clara violación de sus derechos.
Expectativas ante la resolución judicial
La ACIJ espera que la imposición de esta multa sirva como un llamado de atención para que los ministerios de salud cambien su accionar y cumplan con las órdenes judiciales. La situación actual es alarmante, ya que, a pesar de las sentencias y las denuncias, las personas continúan en condiciones de vulnerabilidad. La implementación de políticas públicas efectivas es crucial para garantizar la inclusión social y la continuidad de los tratamientos en la comunidad. La justicia ha hablado, y ahora es el momento de que los ministerios actúen en consecuencia, asegurando así el respeto por los derechos de las personas con discapacidad y su derecho a vivir en libertad.
