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Un fallo que marca la diferencia
La reciente decisión de la justicia de São Paulo ha reavivado un debate crucial sobre los derechos reproductivos en Brasil. La jueza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, de la 9ª Vara de Fazenda Pública del Tribunal de Justicia de São Paulo, ha ordenado que la Prefeitura de São Paulo restablezca el servicio de aborto legal en el Hospital Municipal y Maternidade da Vila Nova Cachoeirinha.
Este hospital, ubicado en la zona norte de la capital paulista, había sido el único en ofrecer este servicio en casos de gestación avanzada, es decir, más allá de las 22 semanas.
La suspensión del servicio, que ocurrió en diciembre de 2023, fue justificada por la administración de Ricardo Nunes (MDB) como una medida necesaria para realizar cirugías electivas relacionadas con la salud de la mujer.
Sin embargo, la jueza ha señalado que esta decisión ha violado los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas que son víctimas de abuso sexual, ya que el aborto legal está garantizado por la ley independientemente de la edad gestacional.
El contexto de la decisión
La acción que llevó a este fallo fue presentada por parlamentarios del PSOL, quienes argumentaron que la suspensión del servicio había causado un grave perjuicio a mujeres y niñas que, tras ser víctimas de violencia sexual, no encontraron atención adecuada en otros hospitales.
Documentos elaborados por la Defensoria Pública de São Paulo y la ONG Proyecto Vivas respaldan esta afirmación, detallando al menos 15 casos de mujeres que no recibieron la atención necesaria.
La jueza Casoretti enfatizó que el Hospital Vila Nova Cachoeirinha había sido un referente en la prestación de este servicio durante más de tres décadas, y que la Prefeitura no presentó pruebas que justificaran la interrupción del mismo.
Además, subrayó que no había impedimentos para ofrecer otros servicios ginecológicos sin afectar la atención al aborto legal.
Implicaciones y reacciones
Este fallo no solo representa un triunfo para los derechos de las mujeres en São Paulo, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión de la salud pública en el estado. La decisión de la justicia podría sentar un precedente importante para otros hospitales y servicios de salud en Brasil, donde el acceso al aborto legal sigue siendo un tema controvertido.
La Prefeitura de São Paulo ha manifestado su intención de apelar la decisión, lo que podría prolongar la incertidumbre sobre el acceso a este servicio vital. Sin embargo, la jueza ha dejado claro que la interrupción del servicio constituye una violación de derechos, lo que podría influir en futuras decisiones judiciales sobre el tema.