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Contexto de las detenciones en la marcha
La reciente marcha de jubilados en el Congreso ha desatado una ola de críticas y controversias, especialmente en torno a las decisiones de la jueza Karina Andrade. Tras la liberación de 114 detenidos, Andrade se ha visto en el centro de la atención mediática, defendiendo su actuación y aclarando su papel en el proceso judicial.
En una entrevista con Radio 10, la jueza expuso que, hasta las 22 horas del día de los incidentes, había recibido información sobre 14 detenciones, pero que no se había informado adecuadamente al juzgado sobre la situación de los detenidos.
Esto la llevó a cuestionar el control que tuvo como jueza durante esos momentos críticos.
Defensa de su actuación y críticas al sistema
Andrade no solo defendió su trabajo, sino que también elogió el desempeño de la fiscalía en el caso.
Aseguró que había una persona con pedido de captura desde Tucumán que no fue liberada, lo que indica que las decisiones tomadas estaban fundamentadas en la ley. Sin embargo, la jueza también expresó su preocupación por la falta de información que recibió durante el proceso, lo que consideró un “deficitario” control judicial.
Este contexto ha generado un debate sobre la eficacia del sistema judicial y la comunicación entre las distintas instancias del mismo.
Filiación política y su militancia
En medio de la controversia, Andrade se vio obligada a aclarar su filiación política, negando cualquier vínculo con la agrupación kirchnerista La Cámpora.
Enfatizó que su única afiliación es con el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), lo que, según ella, no representa ninguna incompatibilidad con su labor como jueza. Esta declaración ha sido crucial para intentar despejar dudas sobre su imparcialidad en el manejo de los casos que le competen. La jueza también mencionó su experiencia en el ámbito federal, donde ha trabajado en la colectiva de mujeres de trabajadoras de Comodoro Py, destacando su compromiso con la justicia y la equidad.
