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Contexto de la decisión judicial
La reciente decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a los 114 detenidos durante una marcha frente al Congreso ha generado un intenso debate en la sociedad argentina. Andrade, en declaraciones a la radio Urbana Play, explicó que su resolución se basó en la falta de información proporcionada por la Policía sobre el contexto de las detenciones.
Según la jueza, no se presentó un contexto delictivo que justificara la acción policial, lo que la llevó a tomar una decisión que prioriza la libertad de expresión, un derecho fundamental en cualquier democracia.
La falta de información policial
Andrade argumentó que, durante el proceso, la Policía no le proporcionó detalles claros sobre las circunstancias de las detenciones. «Pasaron horas sin que se me informe», afirmó, destacando que la información que recibía era confusa y no específica. La jueza mencionó que los informes policiales solo contenían números de actas y nombres, pero carecían de un contexto que pudiera justificar las acciones de la fuerza pública.
Esta falta de claridad fue crucial en su decisión de liberar a los detenidos, ya que consideró que no se cumplían los requisitos legales para mantenerlos bajo arresto.
Defensa de la libertad de expresión
En su defensa, la jueza subrayó la importancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión, especialmente en el contexto de una marcha que involucraba a adultos mayores.
Andrade enfatizó que el derecho a manifestarse es un pilar de la democracia y que las autoridades deben ser cautelosas al intervenir en situaciones que podrían ser vistas como una violación de estos derechos. «Acá hay algo que se debía garantizar: una marcha de adultos mayores, libertad de expresión, un derecho constitucional», expresó, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos civiles.
Reacciones a la decisión
La decisión de la jueza ha suscitado reacciones diversas en la opinión pública. Mientras algunos celebran su postura como un triunfo de la libertad de expresión, otros critican la falta de acción de la Policía y la posible impunidad de los manifestantes. Este caso pone de relieve la tensión entre la necesidad de mantener el orden público y la protección de los derechos individuales. En un país donde las manifestaciones son comunes, la forma en que se manejan estas situaciones es crucial para el desarrollo de una sociedad democrática y justa.
