En un giro significativo de los acontecimientos, la jueza Karina Andrade ha ordenado la liberación de 114 personas detenidas durante las manifestaciones que tuvieron lugar frente al Congreso Nacional. Este fallo, emitido en la madrugada del jueves, resalta la importancia de los derechos constitucionales en el contexto de las protestas sociales.
Contexto de la manifestación
Las detenciones se produjeron durante la «Marcha por los Jubilados», un evento que se ha llevado a cabo semanalmente desde mediados de 2024. La jueza Andrade, en su fallo, subrayó que la falta de información precisa sobre las detenciones complicó su labor judicial. A medida que se realizaban las detenciones, los detalles sobre las circunstancias y los motivos se volvieron cada vez más vagos, lo que generó preocupación sobre la legalidad de las acciones de las fuerzas de seguridad.
Derechos constitucionales en juego
Andrade enfatizó que los derechos a la protesta y a la libertad de expresión son pilares fundamentales de una sociedad democrática. En su declaración, la magistrada recordó que estos derechos están especialmente protegidos en la Constitución Nacional y en la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. La jueza argumentó que es esencial que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y criticar a sus gobernantes, especialmente en un contexto donde se defienden los derechos de los sectores más vulnerables, como los adultos mayores.
Críticas a las fuerzas de seguridad
La jueza no escatimó en críticas hacia el procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. Andrade señaló que la información proporcionada sobre las detenciones fue insuficiente y careció de claridad. En su opinión, cada detención debe estar debidamente documentada, especificando las causas y las circunstancias, algo que no ocurrió en este caso. Esta falta de transparencia no solo afecta a los detenidos, sino que también socava la confianza del público en las instituciones encargadas de mantener el orden.
La decisión de la jueza Andrade de liberar a los detenidos no solo es un acto de justicia, sino también un recordatorio de la importancia de respetar los derechos humanos en el ejercicio de la autoridad. En un momento en que las protestas se han vuelto cada vez más comunes, es crucial que se garantice el derecho a la manifestación pacífica y se protejan las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
