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Un cambio constitucional que transformó el panorama fiscal
Hace diez años, Brasil experimentó un cambio constitucional que obligó la ejecución de emendas parlamentarias individuales al presupuesto. Este movimiento, aclamado en su momento como un avance democrático, ha generado una serie de consecuencias que hoy comprometen la calidad del gasto público y las relaciones entre los diferentes poderes del Estado.
La aprobación de esta regla fue, en parte, resultado del debilitamiento político de la entonces presidenta Dilma Rousseff, quien enfrentó un proceso de impeachment que marcó un antes y un después en la política brasileña.
El crecimiento exponencial de las emendas
Desde la implementación de esta normativa, las emendas, que son herramientas utilizadas por diputados y senadores para dirigir recursos federales, han crecido de manera exponencial tanto en volumen como en influencia. Este aumento ha reducido significativamente la capacidad del Ejecutivo para asignar recursos de manera eficiente.
En 2019, el Congreso Nacional amplió aún más este poder al declarar que las emendas de bancadas estatales también serían impositivas, lo que generó un impacto considerable en la gestión del presupuesto.
La falta de transparencia en la ejecución presupuestaria
Uno de los aspectos más preocupantes de este sistema es la introducción de las emendas individuales Pix, que han disminuido drásticamente la transparencia en la ejecución del presupuesto. Estas emendas permiten a los legisladores dirigir fondos públicos directamente a las arcas de municipios y gobiernos estatales, sin necesidad de especificar el propósito del gasto.
Como resultado, se estima que el 12% de las inversiones de la Unión en los últimos dos años, equivalente a R$ 14,3 mil millones, carecen de un destino claro. Este fenómeno plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas y la gestión responsable de los recursos públicos.
El impacto financiero de las emendas
Las cifras son alarmantes. Desde 2014, los gastos determinados por los parlamentarios han aumentado de R$ 11,1 mil millones a R$ 49,2 mil millones, en valores ajustados. Tanto el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como el de Jair Bolsonaro han enfrentado dificultades para contener esta apropiación de recursos por parte del Congreso. La respuesta ha recaído en el Supremo Tribunal Federal (STF), que ha intentado establecer protocolos de transparencia en la presentación y ejecución de las emendas, aunque los legisladores han mostrado resistencia a estas medidas.
La necesidad de una reforma urgente
Es imperativo que se tomen medidas para interrumpir y regular el avance del Congreso sobre un presupuesto público que ya es deficitario. La reciente aprobación de una ley complementaria, aunque ha traído algunas mejoras, no ha sido suficiente para satisfacer las exigencias del STF. Persisten las anomalías tanto cuantitativas como cualitativas en la gestión de los recursos públicos, y es urgente que se establezcan criterios claros para la asignación de fondos, priorizando el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses electorales.
