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La necesidad de una reforma electoral
La legislación electoral en Brasil ha sido objeto de debate constante, especialmente en un contexto donde la democracia enfrenta desafíos significativos. La ley complementaria 64/1990, que regula las inelegibilidades, ha quedado desactualizada y requiere una revisión profunda.
La situación actual, donde se imponen plazos de inelegibilidad de hasta ocho años, resulta desproporcionada y puede impedir que ciudadanos calificados participen en la política durante décadas. Este tipo de restricciones no solo afecta a los individuos, sino que también debilita la representación democrática.
Desproporcionalidad de las sanciones
Las sanciones impuestas por condenas judiciales, que pueden extenderse por largos períodos, generan un clima de incertidumbre y temor entre los políticos. La ley establece que la inelegibilidad comienza a contar desde la condena en segunda instancia, lo que puede llevar a situaciones absurdas donde un político se vea imposibilitado de postularse durante años, incluso después de haber cumplido su pena.
Esta realidad plantea la pregunta: ¿es realmente necesario un castigo tan severo para garantizar la integridad electoral?
Intereses personales versus interés público
Los recientes proyectos de ley que buscan modificar la duración de las inelegibilidades parecen estar más orientados a intereses personales que a un verdadero interés público.
La propuesta de reducir el plazo de ocho a dos años no aborda las preocupaciones fundamentales sobre la integridad del proceso electoral. En lugar de realizar cambios estructurales que fortalezcan la democracia, estas iniciativas parecen ser un intento de beneficiar a ciertos grupos políticos, lo que pone en riesgo la legitimidad del sistema electoral.
La protección de la democracia
Es crucial que cualquier reforma electoral se enfoque en proteger la democracia y evitar abusos de poder. La historia reciente de Brasil ha demostrado que la tolerancia hacia prácticas autoritarias puede tener consecuencias devastadoras. La legislación debe reflejar un compromiso con los principios democráticos, asegurando que el interés colectivo prevalezca sobre el individual. La reforma electoral no debe ser vista como un mero ajuste técnico, sino como una oportunidad para reafirmar el compromiso del país con la democracia y la justicia.
